Los cuatro ejes principales y las claves del programa.
Recortes Cero es el camino de la Redistribución de la Riqueza. Lo que significa poner al servicio del progreso económico y los intereses de la mayoría los enormes recursos monopolizados por una ínfima minoría.
- Redistribución de la Riqueza significa en primer lugar elevar el poder adquisitivo de la mayoría. Lo que permitiría reactivar el consumo y el mercado interno, convirtiéndolos en motores de la inversión productiva y la creación de empleo.
- Ampliación de la Democracia para dar de verdad participación y capacidad de decisión a la mayoría social, frente a un dominio cada vez mas asfixiante del bipartidimo.
- Defensa de la Soberanía Nacional para proponer un programa sin imposiciones exteriores de la troika, el FMI o la UE.
- Un Frente Amplio de Unidad del 90% es la única forma de construir una nueva mayoría social que haga posible el cambio que de verdad nos interesa. Ningún partido o coalición puede representar a unidad del 90% ni tener la fuerza suficiente para acabar con los recortes y el bipartidimo.
PRIMER EJE: REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA PARA ELEVAR EL PODER ADQUISITIVO DE LA MAYORÍA Y CREAR EMPLEO
* En Aragón sobra riqueza, lo que hay que hacer es redistribuirla
Nos mienten cuando nos dicen que “no hay dinero” y que por tanto era imprescindible aceptar los recortes.
A pesar de la crisis, el PIB español, la capacidad de generar nueva riqueza cada año, se ha multiplicado por más de dos en los últimos 15 años. Somos el quinto país por volumen de PIB de la UE, y el numero 14 en el mundo.
Aragón somos la 11ª comunidad española por población, y la 10ª por volumen del PIB. Pero nuestro PIB per cápita es superior a la media española. Somos la sexta comunidad con mayor PIB per cápita.
Además en Aragón disponemos de enormes posibilidades de desarrollo, limitadas por el abandono de la zonas rurales, y ahora atrofiadas por los recortes.
Según el último informe de Intermon Oxfam, el 1% más rico de la población concentra más riqueza que el 70% más pobre. Necesitamos una política de redistribución de la riqueza, que permita disponer de esos enormes recursos monopolizados por una ínfima minoría para impulsar un desarrollo al servicio del 90% de la población. Impulsando un crecimiento territorial integral, prestando especial atención al desarrollo rural.
* Subir salarios y pensiones para elevar el poder adquisitivo de la mayoría y reactivar el consumo
1.- Que nadie cobre más de 10.000 euros mensuales para que nadie gane menos de 1.000.
Según la Agencia Tributaria, el sueldo medio en Aragón fue en 2014 hasta 661 menor que en el 2011. Es decir, gracias a los recortes, a cada trabajador aragonés nos han quitado casi 700 euros cada año.
Pero el “salario medio” esconde la realidad de muchos trabajadores. El 41,4% de los asalariados aragoneses (223.256) cobran menos de 1.000 euros. En 2.011 eran solo el 39%. Y casi un tercio de los trabajadores aragoneses (el 30%, 161.818 asalariados) son “seiscientoseuristas”, es decir cobran menos que el salario mínimo (645,3 euros mensuales). En 2011, el porcentaje de seiscientoseuristas era del 27,8%.
Exigimos:
-Aplicar la redistribución salarial en el empleo púbico que depende de la comunidad. Nadie por debajo de 1.000 euros netos al mes, y un tope al salario máximo de consejeros y altos cargos de 5.000 euros mensuales.
Los empleados públicos han perdido un 25% de poder adquisitivo en los últimos cinco años, con un recorte del 5 % en 2010, la supresión de la paga extra en el año 2012 y la congelación de salario durante cuatro años consecutivos.
-Constitución de una Mesa de Negociación Colectiva autonómica con sindicatos, empresarios, Comunidad y ayuntamientos para extender la redistribución salarial al conjunto de la comunidad. Ofreciendo para ello incentivos públicos -bonificaciones fiscales, preferencia en la contratación pública….-
2.- Una política autonómica para defender las pensiones públicas y aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas con menos recursos.
La pensión media en Aragón es de 923,32 euros. Lo que significa que el 60,8% de los pensionistas aragoneses cobra menos de 1.000 euros mensuales.
-Complemento autonómico que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por la congelación de las pensiones y asegure en el plazo de una legislatura que ninguna pensión pública es inferior a 1.000 euros mensuales.
-Moratoria en el pago de impuestos y tasas autonómicas y municipales para los pensionistas con ingresos inferiores a 1.000 euros.
-Apoyo desde el gobierno y el parlamento autonómico al blindaje de las pensiones públicas en la Constitución para mantener y aumentar su poder adquisitivo, prohibiendo que se congelen, recorten o privaticen.
Estas medidas tendrían un coste de 1.811 millones de euros en la próxima legislatura.
* Plan de choque contra el paro capaz de crear 350.000 nuevos empleos productivos y de utilidad social en la próxima legislatura
Financiado con:
1.- Auditoría de la deuda autonómica.
La deuda pública de Aragón asciende a 6.010 millones de euros. En 2.004 era sólo de 1.410 millones de euros. ¿Por qué se ha multiplicado 4,26 veces? Son 4.600 millones más de deuda en diez años. Casi tanto como todo el presupuesto del gobierno autonómico. ¿Dónde ha ido ese dinero? No a mejorar la sanidad y la educación, tampoco a crear empleo, ni a elevar los salarios o ayudar a pymes y autónomos… Se ha entregado a grandes bancos y monopolios, con multimillonarios rescates y subvenciones; se ha dilapidado en la Expo o en empresas públicas que son un “agujero negro clientelar”….
-Negociación con los acreedores de una moratoria en el pago de intereses de la deuda hasta que la economía crezca por encima del 3% y se haya reducido el paro por debajo del 10%.
El dinero que pagamos a los grandes bancos extranjeros y nacionales por la deuda se ha multiplicado por 14 desde 2.004. Especialmente a partir de que se aprobó la reforma constitucional que otorga prioridad absoluta al pago de la deuda. Sólo con que el gobierno aragonés hubiera tenido acceso a la financiación de un banco público -como hace el BCE con la banca privada- los intereses a pagar se hubieran reducido al 1% o al 0,75%. Con lo que nos habríamos ahorrado 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.
-Auditoria ciudadana de la deuda, estableciendo que parte de ella es ilegítima y debe quedar exenta de pago.
La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) de Aragón denuncia que al menos 1.500 millone de euros de la deuda pública son “ilegítimos”, porque han sido contraídos en “condiciones odiosas”, y para el beneficio de una ínfima minoría. Legalmente podríamos negarnos a pagarla, como han hecho otros países como Ecuador o Islandia. El Gobierno de Aragón tendrá que pagar por la deuda hasta el 2022, entre intereses y amortización, 4.154,5 millones de euros. Es como si todo el presupuesto del gobierno aragonés durante un año fuera a pagar la deuda a los bancos extranjeros y nacionales. Esta es una losa que hace imposible el crecimiento.
Exigimos una Auditoría Ciudadana de la Deuda, donde públicamente se investigue hasta el último euro, y se establezca que parte de la deuda es ilegítima y por tanto no estamos obligados a pagarla.
Sólo en el aplazamiento del pago de los intereses podríamos liberar 1.024 millones de euros en la próxima legislatura.
Una auditoría ciudadana de la deuda podría declarar ilegítimos -y por lo tanto exentos de pago- entre 1.200 y 1.800 millones de euros de la actual deuda.
2.- Reducción de un 10% de los gastos innecesarios, atajando el despilfarro, los privilegios de la clase política y la corrupción en los presupuestos autonómicos para dedicar ese dinero a la inversión en creación de puestos de trabajo productivos o de utilidad social.
Atajando el despilfarro en obras y proyectos faraónicos, sobrecostes injustificados o en los privilegios de la clase política.
Esto significaría poder disponer en los cuatro próximos años de 2.169 millones de euros para invertir en la creación de puestos de trabajo.
3.- Ley de Fomento del Empleo que exija a los bancos y cajas que operan en Aragón la creación de un Fondo especial dotado con la misma cantidad de dinero que los contribuyentes hemos puesto oficialmente para el rescate de las cajas. Lo que permitiría disponer de 800 millones de euros para invertir en la creación de puestos de trabajo.
En Aragón existen condiciones excepcionales para crear una gran banca pública que permita que el crédito fluya en condiciones favorables, no para el enriquecimiento de una minoría como hace la banca privada, sino para la reindustrialización y modernización del tejido productivo, con un alto componente de I+D+i, ecológicamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Ibercaja es una de las pocas entidades que ha podido resistir a la liquidación y venta de las cajas de ahorros. Su accionista mayoritario es el gobierno autonómico. Posee (entregados por Ibercaja y Caja Inmaculada -CAI-) activos valorado en 57.832 millones de euros. Casi el doble del PIB anual de Aragón.
Con estas tres medidas dispondríamos de 3.993 millones con los que poder crear en los próximos cuatro años un mínimo de 100.000 nuevos puestos de trabajo productivos y de utilizad social.
Y además, nos permitiría destinar 1.452 millones de euros a un plan de desarrollo de las zonas rurales.
* Un plan de urgencia y solidaridad social contra los efectos de la crisis
Según el Observatorio de Indicadores de la Asociación para el Desarrollo del Plan Estratégico (Ebropolis) el 19,7% de los aragoneses viven por debajo del umbral de la pobreza. Una tasa que se eleva al 27% entre los menores de 25 años.
Entre la población inmigrante la tasa de paro se eleva hasta el 32,48% -casi el doble de la media-. Y el 51,1% de los parados aragoneses son de larga duración, y están a punto de perder cualquier ayuda o prestación.
Es el resultado de un saqueo planificado contra el 90% de la población. Exigimos un plan de urgencia y solidaridad garantizado por el gobierno autonómico que proteja a los sectores más vulnerables:
-Contra la pobreza: garantizar una renta básica universal equivalente al SMI para las 15.600 familias aragonesas sin ningún tipo de ingresos. Lo que supone dedicar 520 millones de euros en la próxima legislatura a erradicar la pobreza extrema.
-Contra la pobreza energética: plan especial para garantizar luz y agua en los 43.000 hogares aragoneses que viven en la pobreza severa -con ingresos inferiores al 40% de la media-, prohibiendo los cortes de estos servicios básicos. El coste de esta medida es de 120 millones de euros en la próxima legislatura.
-Paralización de los desahucios. Ley de Vivienda que aplique de forma inmediata la legislacion europea sobre dación en pago. Puesta en marcha de un parque público de alquileres sociales -en cooperación la comunidad y los ayuntamientos- con las viviendas vacías de la banca rescatada. El Gobierno de Aragón con carácter urgente debe dotarse de 5.000 viviendas de alquiler público a precios asequibles. Esto sólo se puede lograr con la expropiación de uso -mientras dure la emergencia social y habitacional- de las viviendas vacías en manos de la SAREB y las entidades financieras.
-Anulación del copago farmacéutico y hospitalario. Reintegrar a los inmigrantes sin papeles y a los mayores de 26 años sin cotización a la Seguridad Social en el sistema público de salud.
-Plan de pagos para que los dependientes cobren las ayudas comprometidas.
* Defensa de la sanidad y la educación públicas
1.- Aumento del gasto público en sanidad y educación hasta igualarlo con lo gastado hace cinco años o con la media española.
Desde 2.010 el gasto sanitario per capita en Aragón ha descendido un 21%, hasta situarse incluso por debajo de la media española.
En el gasto público en educación el recorte en Aragón ha sido de un 20,7% desde 2.009. Y en el último año solo Castilla La Mancha y Cataluña han recortado más en educación.
Para equiparar la inversión pública en sanidad y educación con lo gastado en 2.008 o con la media española, el gobierno autonómico debería de invertir 1,324 millones de euros más.
2.- Reversión del proceso de privatización de la sanidad pública. Recuperación de los puestos de trabajo perdidos en la sanidad pública.
3.- Auditoría ciudadana independiente del gasto sanitario.
La privatización o semiprivatización es además un agujero que desvía fondos públicos. Primando en la financiación pública a los hospitales privados o semiprivados. Favoreciendo una gestión privada que según todos los estudios sale más cara que la pública.
4.- Derogación de la subida de tasas universitarias y de los recortes en becas y otras ayudas. Readmisión de las plazas de profesores eliminadas en los últimos cuatro años.
5.- Plan autonómico de educación, con la participación de profesores, padres, alumnos, rectores… que aborde desde la educación infantil hasta la universidad, y que de respuesta a las necesidades de la población.
* Financiado con una nueva política fiscal realmente progresiva
Según el Consejo General de Colegios de Economistas de España, Aragón es la cuarta comunidad donde las rentas más altas pagan menos impuestos, y la sexta con menos beneficios fiscales para políticas sociales.
Hay que darle la vuelta a esta situación. Con una política fiscal autonómica donde de verdad paguen más quienes más tienen. Y que actúe como una palanca de redistribución de la riqueza para aumentar la inversión pública en sanidad, educación, pensiones, lucha contra la pobreza…
Exigimos:
-Elevación del tramo autonómico del IRPF en una escala progresiva. La mitad del IRPF está transferida y cada comunidad puede fijar el baremo que considere.
aumento de un 10% para las rentas entre 60 y 150.000
aumento de un 15% para las rentas entre 150 y 600.000
aumento de un 20% para las rentas a partir de 600.000 euros anuales
Esta nueva fiscalidad produciría un aumento de la recaudación de la Junta de 364 millones de euros a lo largo de los 4 próximos años.
Además, una fiscalidad progresiva respecto a otros impuestos o la persecución del fraude fiscal permitiría recaudar miles de millones adicionales.
-Nuevo tipo del 50% para el Impuesto de Sociedades. Sometiendo cualquier bonificación a la creación de empleo. Permitiría recaudar 1.050 millones de euros adicionales.
-Reducción en un 10% del fraude fiscal (que en un 72% corresponde a bancos, monopolios y grandes fortunas). Permitiría ingresar 1.443 millones de euros adicionales.
-Impuestos sobre la Riqueza y Transacciones Financieras o retricciones a las SICAVS. Permitiría ingresar 483 millones adicionales.
Son un total de 2.976 millones de euros adicionales en la próxima legislatura.
Es decir, esta reforma fiscal progresiva permitiría al gobierno aragonés recaudar en la próxima legislatura 3.340 millones de euros adicionales, suficientes para financiar el incremento de los presupuestos públicos en sanidad y educación, el plan de urgencia y solidaridad social contra los efectos de la crisis y el complemento autonómico a los pensionistas con menos recursos.
SEGUNDO EJE: AMPLIACIÓN DE LA DEMOCRACIA
1º.- Control directo de los votantes sobre los cargos electos. Asambleas de electores donde los cargos electos estén obligados a responder ante sus votantes, y en las que los electores tengan el poder de revocarlos por incumplimiento del programa electoral.
2º.- Nueva Ley Electoral autonómica, justa y proporcional.
3º.- Auditoría independiente que revise las cuentas del gobierno autonómico de Aragón en los últimos 4 años, de forma que cualquier ciudadano pueda conocer de forma sencilla y clara dónde y en qué se ha gastado hasta el último euro de sus impuestos.
4º.- Recurso de inconstitucionalidad contra la ley que coarta la participación ciudadana al exigir a las agrupaciones electorales la recogida de avales del 1% del censo electoral
5º.- Ley de participación ciudadana que refuerce los mecanismos de participación directa: Iniciativa Legislativa Popular, referéndums vinculantes y consultas populares. Sometiendo cualquier decisión que afecte a los intereses del 90% -privatizaciones de servicios públicos…- a la voluntad popular expresada directamente en referéndum.
6º.- Acabar con la corrupción. Impulsar una reforma del Código Penal para dar a la corrupción, a corruptos y corruptores, el mismo tratamiento que la ley reserva para el crimen organizado. Estableciendo mecanismos para que devuelvan el dinero robado y anulando la prescripción de los delitos económicos y fiscales.
TERCER EJE: CONTRIBUIR DESDE ARAGÓN A LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL DE ESPAÑA
1º.- Presentación de un recurso de anticonstitucionalidad por parte de la Comunidad de Aragón a la reforma exprés de la Constitución que obliga a que el gobierno autonómico pague antes a los banqueros norteamericanos y alemanes que a los jubilados o funcionarios andaluces.
2º.- Auditoría ciudadana independiente de la deuda pública autonómica, a fin de determinar qué parte de ella es ilegítima y, en consecuencia, debe quedar exenta de pago.
3º.- Exigir la anulación de los tratados firmados con la UE perjudiciales para los intereses de Aragón, como el Memorándum adjunto al rescate financiero, los draconianos objetivos de reducción del déficit fijados por Bruselas o la intervención por parte de la UE del sistema financiero español, que obliga a la privatización a precio de saldo de Bankia.
4º.- Trabajar activa y decididamente por el desmantelamiento de las bases norteamericanas en nuestro suelo. Prohibición de la utilización de instalaciones militares en Aragón -como el Centro de Adiestramiento de San Gregorio o la Base Aérea de Zaragoza- por parte de la OTAN. Derogación del acuerdo que permite a EEUU instalar el escudo antimisiles en Rota y aumentar el despliegue de marines en Morón.
CUARTO EJE: POR UN FRENTE AMPLIO DE UNIDAD QUE SEA EXPRESIÓN, DEFIENDA Y REPRESENTE LOS INTERESES DEL 90% DE LA POBLACIÓN
Necesitamos un frente de unidad capaz de representar y defender los intereses del 90% de la población atacados por la política del saqueo y el empobrecimiento. Un Frente Amplio que una, de lo social a lo político y de la derecha a la izquierda. Un Frente Amplio donde se sientan representados y participen en pie de igualdad organizaciones sociales, sindicales y políticas, movimientos de lucha, intelectuales, profesionales, sectores sociales y ciudadanos que estamos afectados por los recortes.