Redistribución de la riqueza

INTRODUCCIÓN

Las próximas elecciones del 20D van a traer un cambio político en España. Pero tenemos que impedir que se convierta en “cambiar algo para que todo siga igual”. Para que haya un cambio de verdad es necesario redistribuir la riqueza.

En los últimos siete años, el 90% de la población hemos sufrido un saqueo sistemático de nuestros salarios y rentas para que bancos, monopolios, multinacionales y grandes fortunas multipliquen su riqueza.

Solo entre 2.010 y 2.014 al 90% de la población española se nos han impuesto rebajas salariales, recortes sociales y subidas de impuestos por valor de 242.000 millones de euros. Es como si a cada familia nos hubieran quitado 13.221 euros. Todo para que los beneficios de la banca nacional y extranjera, de monopolios y multinacionales, aumentaran hasta sumar más de medio billón de euros.

La magnitud de este trasvase de riqueza es lo que explica que España, a pesar de seguir siendo la cuarta mayor economía de la eurozona, se haya convertido en el país desarrollado donde más se está extendiendo la pobreza y más han aumentado las desigualdades durante la crisis.

Lo que sufrimos es un saqueo contra el 90% de la población y las riquezas nacionales que viene del exterior, y ha sido ejecutado a golpe de recortes impuestos a través de los dictados del FMI o la UE.

Los corruptos deben ir a la cárcel y devolver el dinero robado. Pero la corrupción es solo una pequeña parte del saqueo que sufrimos. Las “mordidas” son en realidad el “pago por los servicios prestados” a quienes venden los recursos y riqueza del país a banqueros y monopolios nacionales y extranjeros, mientras nos imponen draconianos recortes a la mayoría.

La realidad es que el grueso principal de lo que nos han robado al 90% de la población se lo ha llevado el gran capital extranjero. Los grandes fondos de inversión norteamericanos, alemanes, británicos, franceses… que son dueños del 43% del Ibex-35, se apropian de más de la mitad de la inmensa factura que debemos pagar por la deuda o controlan directamente casi el 40% de toda la industria española.

Solo entre 2.010 y 2.014, el capital extranjero se ha llevado de España ganancias que superan los 400.000 millones de euros… Una cifra que casi duplica el total de recortes aplicados al 90% de la población.

Para garantizar y aumentar este gigantesco atraco al país y a la población el FMI o la UE nos han impuesto una catarata de recortes y reformas laborales… y todavía quieren más.

Lo han hecho difundido la mentira de que estábamos obligados a “hacer sacrificios” en forma de recortes porque “no hay dinero”.

No es verdad. A pesar de la crisis, España es un país rico. Somos la cuarta economía de la eurozona y la quinta del conjunto de la UE. La economía española es la 13ª del planeta por volumen de PIB, y nuestra capacidad de generar nueva riqueza se ha duplicado en los últimos 15 años.

A pesar de todos los recortes, el PIB per cápita español está en 25.500 euros, más del 90% de la media de la UE. A cada español podría correspondernos, en función de la riqueza que generamos, ingresos superiores a los 2.000 euros mensuales. Sabemos que eso no es verdad, porque mientras aumenta la pobreza laboral -trabajadores pobres a causa de los bajos salarios-, las 21 mayores fortunas del país acumulan un patrimonio superior a los 113.000 millones de euros.

Es mentira que no haya dinero. España es un país dotado de una gran riqueza y de muchos recursos. Lo que necesitamos es una política de Redistribución de la Riqueza que permita poner esos enormes recursos, hoy en manos de una minoría, al servicio de las necesidades generales de todo el pueblo y de todo el país.

Este es el cambio que necesitamos, y el que propone el programa de Recortes Cero-Grupo Verde.

Cuatro ejes principales

REDISTRIBUIR LA RIQUEZA

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA, ACABAR CON EL PARO,

REVERTIR LOS RECORTES Y AYUDAR A LAS PERSONAS

Recortes Cero – Grupo Verde queremos acabar con 7 años de saqueo y recortes, impuestos por la Troika, con el apoyo de los bancos y los monopolios y la gestión de los gobiernos del bipartidismo. Si hay precariedad, caída del nivel de vida y empobrecimiento es porque la riqueza está muy mal distribuida.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos impongamos otras reglas del juego, que quienes se apropian y disfrutan de la mayor parte de la riqueza -bancos, monopolios, grandes fortunas y el capital extranjero– tengan que devolver parte de ella a la economía nacional y al servicio de los ciudadanos.

¿Qué queremos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y de dónde salen los recursos?

Queremos subir salarios y pensiones para que

nadie cobre menos de 1.000 euros netos al mes

Más de 7 millones de trabajadores no cobran ni 1.000 euros al mes, según la Agencia Tributaria. Mientras que 106.951 personas cobran un salario medio de 245.400 euros anuales.

Por eso nuestra primera medida es:

Ningún salario por debajo de 1.000 euros mensuales, ninguno por encima de 10.000.

Para elevar a 1.000 euros el salario de los que no llegan necesitamos 16.894 millones de euros.

– Aplicando un salario máximo de 10.000 euros a los 106.951 personas que ganan más, se podrían liberar 13.500 millones de euros, suficientes para elevar a 1.000 euros el salario de 6 millones de trabajadores.

– Además defendemos la aplicación inmediata de la redistribución salarial en el empleo dependiente del Estado para que ningún trabajador gane menos de 1.000 y ningún alto cargo más de 5.000.

– Y la igualdad salarial de hombres y mujeres.

Hay 9 millones de jubilados en el sistema público de pensiones que han perdido más de un 14% de poder adquisitivo.

4 millones están en riesgo de pobreza, cobran menos de 645 euros al mes, según un informe de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT.

Mientras, en 2014 sólo 23 banqueros tenían 227,46 millones de euros en sus fondos de pensiones.

Y nuestra segunda medida:

Blindar las pensiones en la Constitución. Ninguna pensión por debajo de 1.000. Para recuperar el poder adquisitivo perdido y subirlas a 1.000 euros, se necesitan 12.700 millones de euros anuales.

– Bastaría hacer una Reforma Fiscal Progresiva para aumentar la recaudación de la Hacienda pública y destinar a las pensiones una pequeña parte -12.700 millones- del aumento.

– Además defendemos blindar las pensiones en la Constitución, mediante referéndum, para mantener y aumentar su poder adquisitivo, prohibiendo que se congelen, recorten o privaticen.

Se pueden crear 2 millones de empleos, productivos

y de utilidad social, estables, sostenibles y con derechos

En España hay 5 millones de parados y los contratos son cada vez más precarios. Hay 1,6 millones de hogares con todos sus miembros en paro, y 3,2 millones de parados de larga duración.

Necesitamos invertir 50.000 euros por empleo (100.000 millones de euros en total) para crear 2 millones de empleos de calidad, vinculados a la reindustrialización y modernización del tejido productivo, a las nuevas tecnologías y a las energías renovables.

– Crear un Fondo Especial de Fomento del Empleo de 100.000 millones de euros. Aportados por una Bankia Pública (50.000 millones) y los bancos que se han quedado con las cajas y el dinero del rescate (otros 50.000 millones). Queremos revertir los recortes y defender la Sanidad y Educación públicas, la Cultura y la Ciencia. La Sanidad, Educación, Cultura y Ciencia se han degradado hasta límites intolerables para el país.

Los recortes en estos sectores suman 20.733 millones de euros. Y se han eliminado casi 225.000 empleos en sectores vitales para la población y el país: profesionales de la medicina, el profesorado, la cultura y la investigación científica.

Queremos recuperar las plantillas, los servicios cerrados, acabar con los copagos, revertir la privatización en la sanidad, anular las subidas de tasas y recortes de becas, restablecer las ayudas y programas sociales relacionados con la educación: becas comedor, transporte, libros de texto… Y para revertir el IVA cultural del 21% al 8%.

Queremos recuperar los 20.733 millones de euros recortados. Y hacen falta otros tantos para recuperar la calidad perdida estos años: 41.466 millones de euros en la legislatura.

– Aplicando una moratoria en el pago de la deuda y suspendiendo el pago de los intereses, el Estado podría disponer de 112.800 millones de euros en la legislatura. Más que suficientes para cubrir los 41.466 millones necesarios para revertir los recortes e invertir en Planes Nacionales de Sanidad, Educación, Cultura y Ciencia.

Se puede proteger a la población condenada a la pobreza y la exclusión,

y darle una salida digna, reintegrarla socialmente y darle un futuro

España es según Oxfam uno de los países europeos donde más ha avanzado la desigualdad social. 757.200 hogares no disponen de ningún ingreso. El 29,2% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión. Uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza. La “pobreza laboral” en 2014 alcanzó al 22,2% de los trabajadores. Y cuatro millones de hogares españoles viven en pobreza energética.

Recortes Cero -Grupo Verde propone:

Un plan de Urgencia y Solidaridad Social contra los efectos de la crisis

– Combatir la pobreza garantizando una renta social, equivalente al salario mínimo de 645 euros, para las 757.200 familias sin ingresos.

– Combatir la pobreza energética, garantizando luz y agua en todos los hogares. 1,8 millones de familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

– Prohibir a los monopolios del agua y la energía los cortes de estos servicios básicos para los hogares de jubilados, parados y en riesgo de exclusión social.

– Nueva Ley de Vivienda. Paralización de los desahucios y un parque público de alquileres sociales con las viviendas vacías de la banca rescatada.

El coste total del Plan Social sería de 7.894 millones de euros anuales, 31.576 millones de euros en toda la legislatura. Y para financiarlo:

– Reduciendo un 20% los gastos superfluos del Estado, los privilegios de la clase política y la lucha contra los corrupción; ahorraríamos un mínimo de 30.000 millones de euros.

Queremos una nueva política ecológica que garantice un desarrollo sostenible

Recortes Cero-Grupo Verde proponemos una nueva política ecológica capaz de convertirse en motor de un desarrollo económico independiente y sostenible, que proteja la riqueza y diversidad medioambiental.

– Nuevo modelo energético que acabe con la dependencia del petróleo y cierre las centrales nucleares. Impulsando el enorme potencial de nuestro país en energías renovables.

– Ley de Medio Ambiente que acabe con la impunidad de los grandes monopolios para contaminar y prohíba la privatización de recursos naturales estratégicos como la gestión del agua.

– Políticas eficaces para combatir el cambio climático, reduciendo un 30% los gases de efecto invernadero para el 2020.

Las cuatro fuentes de la redistribución

Ha llegado el momento de que quienes se apropian y disfrutan de la mayor parte de la riqueza -una ínfima minoría de banqueros, monopolistas, grandes fortunas y capital extranjero- tengan que devolver parte de ella a la economía nacional y al servicio de los ciudadanos.

Estas son las principales fuentes de recursos.

1ª. Reforma Fiscal progresiva. Que paguen más quienes mas tienen y más ganan.

Según la Agencia Tributaria, un pequeño grupo de 3.000 grandes empresas, que declaran unos beneficios anuales conjuntos de 85.948 millones de euros, pagaron 3.012 millones en impuestos, apenas un 3,5%, aunque la ley obliga teóricamente a pagar el 28%.

Todo lo contrario que las pymes. Casi un millón y medio de pequeños y medianos empresarios pagaron un 16,6% de sus modestísimos beneficios.

Esto es lo que hay que cambiar:

– Elevar el Impuesto de Sociedades a bancos, monopolios y multinacionales al 50% sobre beneficios. Eliminación de sus privilegios fiscales para pagar menos.

– Acabar con que España sea un paraíso fiscal para las multinacionales.

– Acabar con los privilegios fiscales de las SICAV que sólo tributan el 1% de sus beneficios.

– Una escala impositiva en el IRPF del 0 al 75%. Con el 0% de impuestos para las rentas más modestas, aumentando progresivamente hasta llegar al 75% a las grandes fortunas y Altos Ejecutivos con rentas anuales superiores a 500.000 euros.

– Bonificaciones fiscales, desgravaciones y rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social, para pymes y autónomos.

Una reforma fiscal de este tipo permitiría aumentar la recaudación de Hacienda en más de 53.000 millones de euros anuales.

2ª. Una Gran Banca Pública para reindustrializar el país y crear empleo

Necesitamos una gran banca pública al servicio de un Plan de reindustrialización y modernización del tejido productivo que genere nueva riqueza y acabe con el paro. Y del cambio de modelo productivo, basado en la innovación tecnológica y sectores industriales de alto valor añadido.

Favoreciendo la inversión en sectores como: la industria agroalimentaria, las energías renovables, la construcción ferroviaria y naval o las empresas de base tecnológica.

La banca ha recibido más de 200.000 euros de dinero público por el rescate de las cajas. Bankia y Mare Nostrum (donde el Estado es el accionista mayoritario) suman unos activos financieros conjuntos por valor de 297.585 millones, según datos del Banco de España. La fusión de ambas entidades en un único banco estatal se convertiría en la cuarta mayor entidad financiera del país.

– Bankia Pública ya. Detener la privatización para crear una Gran Banca Pública con las cajas y bancos rescatados con nuestro dinero, que sea motor de la reindustrialización y la creación de riqueza y empleo.

– Denunciar y revertir la entrega de las cajas y bancos (CAM, Banco de Valencia, Unim…) a la gran banca.

3ª. Auditoría y renegociación de la deuda pública.

En 8 años la deuda pública ha pasado del 36% del PIB a casi el cien por cien del PIB. Suma ya 1,052 billones de euros.

En los últimos cuatro años hemos pagado 143.127 millones, sólo de intereses que se han llevado los bancos nacionales y la banca extrajera, que controla el 53% de la deuda pública.

Reclamamos el derecho a saber a qué se ha destinado el dinero de una deuda mientras se recortaban salarios, pensiones, sanidad, educación, las ayudas al desempleo, a la dependencia y las prestaciones sociales, la cultura y la ciencia.

Exigimos:

– Una moratoria en el pago del principal y los intereses de la deuda pública mientras la economía española no crezca de manera sostenida por encima del 3% y el paro descienda del 10%.

– Una auditoría ciudadana e independiente para determinar que parte de la deuda es ilegítima y debe quedar exenta de pago. Que la devuelvan quienes se han aprovechado de ella.

Suspendiendo el pago de los intereses, el Estado podría disponer de 112.800 millones de euros en la legislatura, para redistribuirlos de otra manera.

4ª. Reducción de un 20% de los gastos superfluos y privilegios de la clase política y acabar con la corrupción.

Es posible reducir hasta un 20% los gastos del Estado sin tocar las partidas sociales, eliminando gastos innecesarios y suntuosos, empresas públicas improductivas, la duplicidad de organismos, el derroche y los privilegios de la clase política, la sangría de la corrupción y el fraude fiscal de las grandes empresas.

Sólo la corrupción y el fraude fiscal nos cuestan más de 40.000 millones de euros al año.

-Exigimos una auditoria independiente de los gastos del Estado, que delimite la cuantía del despilfarro y la corrupción.

Sólo aplicando una reducción del 20% a los gastos del Estado, sin tocar un solo euro del gasto social, estaríamos hablando de un ahorro de 30.000 millones de euros.

Con el que se podría cubrir casi en su totalidad las necesidades del plan de Urgencia y Solidaridad (31.576 millones de euros).

DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

PARA PODER DECIDIR SIN IMPOSICIONES EXTERIORES

Conquistar el cambio político que la inmensa mayoría necesitamos y redistribuir la riqueza exige defender la soberanía nacional de España frente a imposiciones exteriores. Impulsando una política económica autónoma que se enfrente a los dictados del FMI o la UE que imponen los recortes. Y convirtiendo a España en un referente mundial de Paz y Neutralidad frente al acelerado incremento de nuestra integración en los planes militares norteamericanos.

– Por una política de paz y neutralidad para España. Derogación de los acuerdos que permiten a EEUU instalar el escudo antimisiles en Rota o el despliegue de marines en Morón. Regreso inmediato de las tropas españolas desplegadas en el exterior. Desmantelamiento progresivo de las bases norteamericanas en nuestro suelo. Salida de España de la OTAN.

– Presentar un recurso de inconstitucionalidad a la reforma exprés de la Constitución, que obliga a pagar antes a los bancos alemanes y fondos americanos que a los pensionistas, dependientes o parados españoles.

– Renegociación o anulación de los tratados firmados con la UE que limitan nuestra soberanía y perjudican los intereses nacionales.

– Denuncia del Tratado de Libre Comercio (TTIP)

AMPLIAR LA DEMOCRACIA

PARA DAR PARTICIPACIÓN Y CAPACIDAD

DE DECISIÓN A LOS CIUDADANOS

Para imponer los recortes sobre la población necesitan recortar también la democracia y las libertades, blindando la impunidad de las élites que los ejecutan. Para redistribuir la riqueza necesitamos ampliar la democracia y la capacidad real de decisión del 90% que sufrimos los recortes.

– Asambleas de electores donde los cargos electos estén obligados a responder ante sus votantes, y en las que los electores tengan el poder de revocarlos por incumplimiento del programa electoral.

– Reforma del Código Penal para dar a la corrupción el mismo tratamiento que la ley reserva para el crimen organizado.

– El terrorismo siempre es fascismo. Unidad, lucha y movilización de todos los pueblos en defensa de la paz, la libertad y la democracia para ganar la batalla contra el terror.

– Nueva Ley Electoral justa y proporcional.

DEFENSA DE LA LIBRE UNIDAD

DEL PUEBLO TRABAJADOR DE TODA ESPAÑA

UNIDAD EN UN FRENTE AMPLIO

PARA LUCHAR CONTRA LOS RECORTES

Para poder redistribuir la riqueza es necesaria la unidad del conjunto del pueblo trabajador de toda España. La división solo favorece a quienes nos saquean.

Los recortes atacan los intereses del 90% de la población de toda España. Solo desde la unidad del 90% de la población que rechazamos los recortes y el dominio del bipartidismo es posible construir una alternativa que conquiste un cambio político real, basado en la redistribución de la riqueza.

-Fortalecer la libre unidad de todo el pueblo de las nacionalidades y regiones de España, para luchar juntos por un futuro de libertad, progreso y prosperidad.

-Frente Amplio que una de lo social a lo político y de la derecha a la izquierda a todas las fuerzas y sectores sociales que nos oponemos a la política de recortes y los dictados de la troika.

REDISTRIBUIR LA RIQUEZA

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA, ACABAR CON EL PARO,

REVERTIR LOS RECORTES Y AYUDAR A LAS PERSONAS

Redistribuir la Riqueza es poner los enormes recursos de los que dispone nuestro país y la economía española -hoy en manos y al servicio de una minoría de bancos, monopolios y el capital extranjero- al servicio de los intereses generales del país y de las necesidades de la gente.

Redistribuir la riqueza no es “repartir el empleo” como si el empleo fuera un “bien escaso” y la solución haya de venir de que el Estado lo subvenciones todo, multiplicando la deuda pública e hipotecando el futuro. Tampoco puede limitarse a los planes de rescate y ayuda a los sectores más vulnerables y empobrecidos por la crisis.

Redistribuir la riqueza es aplicar un programa que establezca qué recursos hay que movilizar para reactivar la economía, generando riqueza y empleo productivo y de utilidad social. Y qué medidas hay que aplicar para que esa riqueza se redistribuya de forma que beneficie a la inmensa mayoría de los ciudadanos, elevando su poder adquisitivo y convirtiéndolo en un motor de la economía.

España tiene recursos y capacidad de crear riqueza suficientes. Si hay precariedad, caída del nivel de vida y empobrecimiento es porque está muy mal distribuida. Quienes se apropian y disfrutan de la mayor parte de la riqueza tienen que devolver parte de ella a la economía nacional y al servicio de los ciudadanos.

El programa de Recortes Cero – Grupo Verde se propone darle la vuelta a esta situación, actuando en cinco grandes campos.

– Sí se puede subir los salarios para que nadie cobre menos de 1.000 euros netos al mes.

– Sí se puede garantizar una pensión mínima de 1.000 euros mensuales.

– Se pueden crear 2 millones de puestos de trabajo productivos, estables y de calidad en una legislatura reindustrializando el país.

– Se pueden revertir los recortes en Sanidad, Educación, Cultura y Ciencia.

– Y sí se puede no sólo proteger a la población condenada a la pobreza y la exclusión, sino darle una salida digna, reintegrarla socialmente y darle un futuro.

PRIMERO.- Redistribución salarial. Ningún salario por debajo de 1.000 euros al mes y ninguno por encima de 10.000.

En España hay 7,33 millones de trabajadores que no llegan ni a “mileuristas”, su sueldo está por debajo de 1.000 euros netos al mes, según los datos de la Agencia Tributaria (Memoria de la Administración Tributaria 2013). Más de 3,69 millones de trabajadores cobran 9.016 euros anuales, 751 euros brutos al mes, un salario neto de 653 euros. Y otros 3,64 millones con un salario medio bruto de 14.851 euros anuales, unos 965 euros netos. No están incluidos 4,2 millones de trabajadores con contratos miserables por horas que ganan una media de 2.353 euros anuales (196 euros al mes), que lo que lo que necesitan es un empleo.

Necesitaríamos 16.894 millones de euros anuales para garantizar un salario de 1.000 euros a esos 7,33 millones de trabajadores.

Sólo 106.951 personas declaran oficialmente cobrar más de 10.000 euros mensuales, con un salario medio de 245.400 euros anuales.

Aplicar un salario máximo de 10.000 euros mensuales a este grupo privilegiado liberaría un total de 13.500 millones de euros anuales.

Podemos disponer de otros 3.500 millones de euros de una Reforma Fiscal Progresiva, para garantizar el salario mínimo de esos 7,33 millones de trabajadores, aplicando una escala impositiva en el IRPF del 75% para las grandes fortunas con rentas anuales superiores a los 500.000 euros.

Por eso Recortes Cero – Grupo Verde propone:

– Establecer un salario Mínimo Interprofesional de 1.000 euros netos mensuales.

– Aplicar una redistribución salarial en el empleo dependiente del Estado para que ningún trabajador cobre menos de 1.000 euros al mes y ningún alto cargo más de 5.000.

– Fijar un tope salarial máximo de 10.000 euros mensuales, prohibiendo a todas las administraciones y empresas públicas cualquier tipo de negocio, adjudicación, contrato o convenio con empresas que incumplan este tope salarial máximo.

– No permitir la aplicación de ERES en las empresas que no apliquen el máximo salarial ni a los bancos rescatados con dinero público.

– Crear una Mesa de Negociación Colectiva con los sindicatos, empresarios y la Administración para extender la redistribución salarial al conjunto del país.

– Igualdad salarial de hombres y mujeres.

SEGUNDO.- Blindar las pensiones en la Constitución. Ninguna pensión por debajo de 1.000.

De los 9 millones de jubilados del sistema público, 4 millones, están bajo riesgo de pobreza, cobran por debajo del salario mínimo de 645 euros al mes, según informes de las uniones de pensionistas y jubilados de UGT y CCOO.

Gracias a las Reformas de Zapatero y Rajoy, mientras los altos directivos de las grandes empresas siguen acumulando pensiones millonarias (en 2014 sólo 23 banqueros tenían 227,46 millones de euros en sus fondos de pensiones), los pensionistas actuales han perdido entre un 14% y un 25% de su poder adquisitivo. Y los futuros perderán hasta el 50% de la capacidad adquisitiva de sus pensiones.

La pensión media del sistema público (que incluye las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares…) es de 882 euros mensuales. Para recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la crisis, y subirlas progresivamente para que ningún pensionista cobre menos de1.000 euros al final de la legislatura, se necesitan 12.700 millones de euros anuales.

Para aplicar esta medida bastaría con hacer una Reforma Fiscal Progresiva y destinar a las pensiones una pequeña parte -12.700 millones- del aumento de los ingresos públicos.

Apoyar todas las iniciativas dirigidas a blindar las pensiones en la Constitución, mediante referéndum, para mantener y aumentar su poder adquisitivo, prohibiendo que se congelen, recorten o privaticen.

TERCERO.- Reforma Fiscal progresiva. Que pague más quien mas tiene y más ganan. Elevar el Impuesto de Sociedades a bancos, monopolios y multinacionales al 50%. Y un 75% en el IRPF a las grandes fortunas con rentas anuales superiores a los 500.000 euros.

Bancos, monopolios y multinacionales pagan actualmente entre un 3,5 y un 6% de impuestos sobre sus enormes beneficios, a pesar de que la ley les obliga teóricamente a pagar el 28%.

Según un informe de la Agencia Tributaria, los “Grupos Consolidados”, un pequeño grupo de 3.000 grandes empresas (apenas un 0,02% del tejido empresarial español) que declaran unos beneficios anuales conjuntos de 85.948 millones de euros, pagaron 3.012 millones en impuestos, apenas un 3,5%, con el impuesto de sociedades situado teóricamente en el 30%.

Todo lo contrario que las pymes. Casi un millón y medio de pequeños y medianos empresarios pagaron un 16,6% de sus modestísimos beneficios. Esta es la realidad, profundamente injusta, del sistema tributario español que es necesario cambiar.

– Elevar el Impuesto de Sociedades a bancos, monopolios y multinacionales al 50% sobre beneficios. Eliminación de todas las bonificaciones, desgravaciones y exenciones que le permiten sortear sus obligaciones fiscales y pagar un 3,5% de impuestos.

Con esta medida Hacienda recaudaría cada año, como media, cerca de 40.000 millones de euros más sólo en este concepto.

– Acabar con que España sea un paraíso fiscal para las multinacionales, que paguen como las grandes empresas. Derogación de las leyes e instrumentos fiscales que permiten a las multinacionales convertir a España en un paraíso fiscal.

Un informe del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, asegura que “si las multinacionales soportasen la misma carga tributaria que las pymes, España recaudaría 8.250 millones más al año”.

– Acabar con los privilegios fiscales de las SICAV que sólo tributan el 1% de sus beneficios. Las grandes fortunas tenían al final de 2014 en SICAV 32.339 millones de euros. Sobre un beneficio medio del 12,5% han pagado ¡¡¡40 millones de euros!!! Han dejado de pagar 1.350 millones cada año si se les aplicara la legislación anterior a la reforma de Zapatero, para que pagaran el 35% sobre sus beneficios. O sea, 5.400 millones de euros en una legislatura.

– Una escala impositiva en el IRPF del 0 al 75%.

Que arranque, desde abajo, con el 0% de impuestos para las rentas más modestas, aumentando progresivamente hasta llegar al 75% a las grandes fortunas, Consejeros y Altos Ejecutivos con rentas anuales superiores a 500.000 euros. Excluyendo de esta escala a quienes perciban este nivel de rentas solo esporádicamente y no de forma continuada año tras año.

– Bonificaciones fiscales, desgravaciones y rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social, para pymes y autónomos y sobre todo para aquel capital destinado a la reinversión productiva y la creación de empleo.

Una reforma fiscal de este tipo permitiría aumentar la recaudación de Hacienda en más de 53.000 millones de euros anuales, más que suficientes para destinar 12.700 millones para que ningún pensionista cobre menos de 1.000 euros de pensión; 3.500 millones a los salarios. Y aún quedarían otros 36.800 millones de euros anuales para otras necesidades.

CUARTO.- Acabar con el paro. Un plan de choque para crear 2 millones de empleos de calidad, productivos y de utilidad social, sostenibles y con derechos en una legislatura.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA del tercer trimestre 2015), hay cerca de 5 millones de parados (4.850.800) y una tasa de paro del 21,18%. Baja el paro pero no se crea empleo real. La reducción del paro en esta legislatura en 436.300 personas no es producto de la creación de empleo, sino de la pérdida de población activa. En estos cuatro años la población activa ha caído en 540.800 personas. La realidad es que se han destruido 104.300 puestos de trabajo.

Se sigue destruyendo empleo real y los contratos son cada vez más precarios. Bajan los contratos indefinidos y aumentan los temporales hasta el 26,6%. Hay 1,6 millones de hogares con todos sus miembros en paro, y 3,2 millones de parados de larga duración.

En la economía española hay recursos más que suficientes para acabar con el paro y la precariedad. Pero no es posible sin una política activa de reindustrialización, de modernización del tejido productivo, de recuperación de las industrias estratégicas vendidas a precio de saldo al capital extranjero y el desarrollo de nuevos sectores industriales que hagan a nuestra economía dinámica, eficiente, competitiva y con un alto valor añadido, base para un cambio del modelo productivo.

Sólo hace falta un gobierno que tenga la voluntad política para hacerlo, dispuesto a enfrentarse a las imposiciones de la Troika y movilizar los recursos necesarios.

Por eso Recortes Cero – Grupo Verde propone un plan de choque para crear 2 millones de empleos estables y de calidad tomando las siguientes medidas:

– Crear un Fondo Especial de Fomento del Empleo de 100.000 millones de euros, necesarios para crear esos 2 millones de empleos.

Aportado al 50% cada uno por Bankia Pública (50.000) y los bancos que se han quedado con las cajas y el dinero del rescate (otros 50.000).

No se acaba con el paro creando empleos “baratos” con sueldos de miseria. Hay que invertir 50.000 euros por empleo en sectores productivos de la economía, nuevos sectores industriales vinculados a las nuevas tecnologías o las energías renovables para crear empleos de calidad, indefinidos y sostenibles. Lo que está directamente relacionado con la apuesta por un cambio de modelo productivo.

– Derogar las reformas laborales de Zapatero y Rajoy que sólo han significado más precariedad, despidos baratos y salarios basura de 300 o 600 euros al mes.

QUINTO.- Una Gran Banca Pública para reindustrializar el país y crear empleo

La creación de un gran banco público estatal con las cajas y bancos rescatados con nuestro dinero no es sólo una cuestión de justicia -que también-, sino un elemento primordial para poner en marcha el necesario Plan Nacional de reindustrialización del país y modernización del tejido productivo que genere nueva riqueza y acabe con el paro.

La banca ha recibido más de 200.000 euros de dinero público por el rescate de las cajas y bancos quebrados. Y una vez saneados, entidades como CAM, Unim o Banco de Valencia han sido regalados al Banco de Sabadell, el BBVA y La Caixa por 1 euro.

Bankia y Mare Nostrum (donde el Estado es accionista mayoritario con un 65% de acciones) deben permanecer como bancos de titularidad estatal y convertirse en el embrión de un gran banco público. Entre ambos suman unos depósitos de 144.622 millones de euros. Y unos activos financieros conjuntos por valor de 297.585 millones, según datos del Banco de España.

La fusión de ambas entidades en un único banco de propiedad estatal se convertiría en la cuarta mayor entidad financiera del país, sólo por detrás de Banco Santander, BBVA y Caixabank, y muy por delante de Banco Sabadell o Popular.

No se trata de “ampliar el ICO” o la creación de cooperativas financieras de cercanía, sino de poner en marcha una gran banca pública lanzada a competir y a disputar el control de al menos una parte del sistema financiero a la gran oligarquía bancaria del país.

Crear este gran banco estatal significa disponer de un potentísimo brazo financiero público capaz de jugar un papel de primer orden en el desarrollo y la orientación de la economía española, poniendo sus recursos al servicio de la reindustrialización y la creación de empleo.

En Alemania, la mitad del sistema financiero está formado por las cajas de ahorro regionales, en manos de los gobiernos de los länder (regiones alemanas) y que provienen de la época de Bisckmark, cuando Alemania dio el gran salto hacia la industrialización. El papel de la cajas de ahorro alemanas en la financiación de su sistema productivo es vital. ¿Ellos sí y nosotros no?

Necesitamos y queremos una gran banca pública para reactivar el crédito destinado a la inversión y el consumo, para invertir en industrias y sectores estratégicos de la economía que acaben con la dependencia del capital extranjero y del ladrillo, para multiplicar la inversión en I+D+i y modernizar el conjunto del tejido productivo, para crear millones de puestos de trabajo productivos y de utilidad social.

Y para que juegue un papel fundamental en el cambio de modelo productivo de la economía española, basado en la innovación tecnológica, una alta competitividad y sectores industriales de alto valor añadido.

Favoreciendo la inversión en sectores como:

– La industria agroalimentaria, las energías renovables, la construcción de material ferroviario, la construcción y reparación naval.

– Las empresas de base tecnológica como tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios informáticos avanzados, microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales, farmacéutica, electrónica, nanotecnologia, automatización industrial, aeronáutica-aeroespacial, fotónica u optoelectrónica.

– En nuevas energías y desarrollo sostenible.

Por eso:

– Bankia Pública ya. Detener la privatización. Mantener y ampliar el 68% de las acciones que el Estado posee actualmente en Bankia y Banco Mare Nostrum, para convertirlos en el embrión de un gran banco público.

– Denunciar y revertir la entrega de las cajas y bancos (CAM, Banco de Valencia, Unim…) regalados por un euro a los grandes bancos nacionales (BBVA, La Caixa, Banco Sabadell…). O en su defecto la devolución íntegra al banco público, de los más de 200.000 millones de euros de los rescates.

SEXTO.- Revertir los recortes y defender la Sanidad y Educación públicas, la Cultura y la Ciencia

SANIDAD

El presupuesto público en sanidad cayó un 16,3% entre 2009 y 2013. Lo que suponen 9.933 millones menos, un recorte del 0,8% del PIB, según un informe del Ministerio de Hacienda.

Son los últimos datos oficiales disponibles. Aquí se suman los presupuestos del gobierno central y los de las autonomías.

Otro informe del Ministerio de Hacienda, a fecha de 1 de enero de 2014, dice que los empleados del Sistema Nacional de Salud se habían reducido en 28.496 respecto a 2012. Incluidos todos los trabajadores, desde médicos y enfermeros a cocineros, limpiadoras…

La atención sanitaria se ha ido degradando hasta límites intolerables. Los sindicatos denuncian que “las plantillas actuales son insuficientes para mantener el trabajo, de ahí el aumento espectacular de las listas de espera… No se renuevan contratos a eventuales, no se repone a los jubilados y ya no hay suplencias cuando falta por enfermedad un trabajador”.

Los profesionales y los pacientes empiezan a plantarse ante los recortes en personal. Centros sanitarios de Barcelona han vivido encierros para evitar el cierre de las plantas de los hospitales de Vall d’Hebron y Bellvitge. En otros lugares, como en el hospital de La Paz, en Madrid, grupos de trabajadores de las urgencias han llegado a acudir a los juzgados para denunciar la falta de personal para garantizar la correcta asistencia.

EDUCACIÓN

Si sumamos los recortes del gobierno central y las autonomías, dictados expresamente por la Comisión Europea, estamos hablando de 7.000 millones menos invertidos en educación entre 2.010 y 2.014. Una reducción del 20,5%, desde el 18,2% menos en la educación universitaria al 27% de recorte en enseñanzas artísticas o el 40% en educación infantil y primaria.

Estos recortes impuestos se han traducido en un ataque masivo contra el 90% de los sectores educativos. Se han eliminado 25.000 profesores. Se han reducido un 35% el número de becados y un 10% la cuantía de las mismas, eliminado buena parte de las ayudas de comedor, transporte y libros, además de soportar un incremento del IVA en los artículos escolares desde el 4% hasta el 21%. El incremento de las tasas universitarias -que puede llegar a alcanzar el 65%- ha expulsado ya a 45.000 alumnos de la enseñanza superior.

CULTURA

A falta de datos completos, las Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural dan por seguro que desde 2009 los presupuestos públicos de Cultura (incluidas todas las administraciones) se han recortado un mínimo del 70%, y destruido desde el inicio de la crisis el 30% del empleo del sector (unos 160.000 puestos de trabajo). La Administración central ha recortado un mínimo de 600 millones de euros.

Las políticas del gobierno de Rajoy han sido especialmente destructivas, no sólo por la brutal subida del IVA cultural del 8% al 21%, sino también por leyes como la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Mordaza que ataca la libertad de expresión.

Rajoy ha colocado a España con el IVA cultural más alto de Europa, por delante de Noruega (0%), Suiza (2,5%), Francia (5,5%), Alemania (7%), Italia (10%) o Finlandia (10%). Somo el único país que equipara el IVA cultural al de lujo.

CIENCIA

La investigación científica en España ha sufrido un ataque brutal en los últimos 5 años, poniendo en peligro los avances de las últimas décadas. Se han recortado más de 3.200 millones de euros y perdido más de 11.000 investigadores. Muchos de ellos están ahora engrosando los laboratorios de países como Alemania, Reino Unido, Francia o Estados Unidos.

En total los recortes en estos sectores suman 20.733 millones de euros. Lo que han supuesto además la pérdida de casi 225.000 empleos.

Recortes Cero – Los Verdes, frente a los recortes y la degradación de la educación y sanidad públicas, de la cultura y la ciencia que imponen desde la UE o el FMI, proponemos:

– Recuperar los niveles de gasto en estos sectores al nivel anterior a los recortes y de inversión para equipararnos a la media europea ( que por ejemplo en educación está en el 5,4% del PIB).

– Recuperar las plantillas y profesionales despedidos por los recortes.

– En Sanidad recuperar los servicios cerrados, plantas y urgencias.

– Acabar con los copagos sanitarios, farmacéuticos y a la dependencia.

– Revertir los procesos de privatización en la sanidad pública.

– Rebaja del gasto farmacéutico, mediante una central de compra estatal que diversifique sus pedidos, tanto nacionales como a países como Brasil, India o Sudáfrica, que venden sus genéricos hasta un 90% más baratos que las grandes multinacionales farmacéuticas.

– En Educación, anular todas las subidas de tasas y recortes de becas. Restablecimiento de todas las ayudas y programas sociales relacionados con la educación: becas comedor y transporte, ayuda a la compra de libros de texto…, de los programas educativos de apoyo a los alumnos con dificultades.

– Restablecimiento de las becas, y un programa para duplicarlas en el plazo de cinco años.

– En Ciencia, recuperar la inversión que ha descendido al 1,2% para situarla al final de la legislatura en la media europea, en el 2%.

– En Cultura, revertir el IVA cultural del 21% al 4%.

La degradación de estos sectores, estratégicamente decisivos para las condiciones de vida de los ciudadanos y el desarrollo del país, provocada por los recortes exige no sólo los 20.733 millones de euros recortados, sino un esfuerzo suplementario para recuperar la calidad perdida.

Proponemos una cantidad similar para establecer Planes Nacionales, sobre todo en Educación, Sanidad y Ciencia, que establezcan las necesidades más urgentes de medios materiales (equipamientos, hospitales, colegios, laboratorios…) y humanos.

En total serían necesarios 41.466 millones de euros en la legislatura.

Dinero que tiene que una moratoria en el pago de la deuda. En 7 años la deuda se ha triplicado y ni un sólo euro ha venido a estos sectores. Sólo suspendiendo el pago de los intereses, el Estado dispondría de 112.800 millones de euros en la legislatura, más que suficientes para revertir los recortes e invertir en Planes Nacionales de Sanidad, Educación, Ciencia.

SÉPTIMO.- Auditoría y renegociación de la deuda pública.

La deuda pública es una gigantesca montaña que aplasta la salida de la crisis favorable a los intereses del país y la mayoría de los ciudadanos. No es fruto de un mayor gasto en Sanidad, Educación o protección social, sino producto del robo y la estafa al servicio de las grandes oligarquías financieras. Por eso Recortes Cero – Los Verdes defendemos: una auditoría de la deuda para determinar qué parte es ilegítima y exenta de pago.

Reclamamos el derecho de todos los españoles a saber a qué se ha destinado el dinero de una deuda que se ha triplicado en 7 años, mientras se recortaban salarios, pensiones, la sanidad y la educación públicas, las ayudas al desempleo, a la dependencia y las prestaciones sociales.

La deuda pública es uno de los principales yugos que estrangulan la economía nacional, como instrumento de explotación económica y dominio político de las principales oligarquías del planeta.

En apenas 8 años ha pasado de suponer el 36% del PIB a casi el cien por ciento del PIB (el 98%) y suma ya 1,052 billones de euros. En total, desde 2007 la deuda se ha incrementado en casi 670.000 millones de euros.

Y ni un euro de este gigantesco incremento de la deuda es debido a que se haya invertido más en los sistemas de Salud, Educación o protección social. ¿Quién se lo ha llevado entonces?

Se lo han llevado los “rescates bancarios” (unos 250.000 millones de euros); los monopolios eléctricos, a los que los gobiernos de Zapatero y Rajoy han entregado 25.000 millones de euros por el supuesto “déficit tarifario” convertido en deuda pública; las constructoras y bancos propietarios de una decena de autopistas en quiebra con otros 4.500 millones de euros…

Por eso, en los últimos cuatro años hemos pagado 143.127 millones de euros, sólo de intereses que han ido a parar a los bancos nacionales y, especialmente a la banca extrajera que, según el último informe de BME (Bolsa y Mercados Españoles), con 400.000 millones de euros, controla el 53% de la deuda pública.

El 85% de esta deuda es ilegítima ya que, según reconocidos economistas es una deuda “prefabricada”.

La alternativa no puede ser, una “auditoría” encaminada a determinar la ilegitimidad para imponer una “reestructuración ordenada” mediante un pacto con los acreedores, que en última instancia supone un nuevo salto en el expolio, alargando la cadena que ata a los países al pago de una deuda mayor.

– Una moratoria en el pago del principal y los intereses de la deuda pública mientras la economía española no crezca de manera sostenida por encima del 3% y el paro descienda del 10% de la población activa.

– Una auditoría ciudadana e independiente para determinar que parte de la deuda no ha sido destinada a satisfacer necesidades de la mayoría sino a favorecer a unos pocos. Declarando esa parte ilegítima y exenta de pago. Que la devuelvan quienes se han aprovechado de ella.

Sólo suspendiendo el pago de los intereses, el Estado podría disponer de 112.800 millones de euros en la legislatura, para redistribuirlos de otra manera. Más que suficientes para cubrir los 41.466 millones necesarios para revertir los recortes e invertir en Planes Nacionales de Sanidad, Educación, Ciencia.

OCTAVO.- Un plan de Urgencia y Solidaridad Social contra los efectos de la crisis

Durante la crisis los recortes han profundizado el abismo social, creando un mar de pobreza y exclusión social.

El Plan de Urgencia y Solidaridad Social que defiende Recortes Cero – Grupo Verde no es un programa”asistencialista”, basado sólo en entregar subsidios, cuyos efectos son coyunturales y parciales, que generan dependencia y reproducen las mismas condiciones de miseria.

Busca no sólo proteger a la población condenada a la pobreza y la exclusión, sino crear las condiciones para darle una salida digna, reintegrarla socialmente y darle un futuro. No tratar a las víctimas de la pobreza como sujetos pasivos que sólo esperan las ayudas del Estado. Son los protagonistas de su propio cambio y de un cambio político.

El plan compromete por igual a las Administraciones del Estado y a los ciudadanos beneficiarios. Aquel porque ha de garantizar todos los medios necesarios. Y a los ciudadanos porque el acceso a las ayudas del Plan de Urgencia y Solidaridad Social ha de estar condicionado a que las personas y las familias favorecidas cumplan determinadas condiciones tales como: toda ayuda ha de ser a cambio de un trabajo comunitario y de utilidad social, de asistencia a cursos o talleres de formación, y responsabilidad de los padres en la escolarización obligatoria de todos los niños de las familias beneficiarias desde los 6 años a los 16 años.

España es según el último informe de Oxfam Internacional uno de los países europeos donde más ha avanzado la desigualdad social. Porque es uno de los países que más sufrimos el saqueo de las rentas y salarios al 90% de la población.

757.200 hogares españoles no disponen de ningún ingreso. Según los datos del informe de la red europea de lucha contra la pobreza (EAPAN) el 29,2% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión. Hay 400.000 personas más que el año pasado en la pobreza extrema (3,2 millones en total), viviendo con ingresos inferiores a 332 euros mensuales.

Al mismo tiempo ha aumentado en España el índice de la llamada “pobreza laboral”, es decir de los que trabajan pero a pesar de ello son pobres gracias a los bajos salarios, que en 2014 alcanzó al 22,2% de los trabajadores -según el informe el “Estado del Trabajo Decente en el Mundo” de la Organización Internacional del Trabajo(OIT)-.

Según el informe “Infancia, pobreza y crisis económica” de la colección de Estudios Sociales de La Caixa uno de cada tres niños en España vive por debajo del umbral de la pobreza y uno de cada 10 es pobre severo.

Y cuatro millones de hogares españoles, un 9% del total, viven bajo la pobreza energética.

Recortes Cero-Grupo Verde proponemos un Plan de Urgencia y Solidaridad Social basado en:

– Combatir la pobreza garantizando una renta social, equivalente al salario mínimo de 645 euros, para las 757.200 familias sin ingresos, a cambio de un trabajo de utilidad social a tiempo parcial y cursos de formación y capacitación para la reinserción en el mercado laboral. Y un complemento familiar de 200 euros para las familias con niños en riesgo de pobreza. El coste de estas medidas sería de 6.837 millones de euros anuales (27.348 millones en la legislatura).

– Combatir la pobreza energética, garantizando luz y agua en todos los hogares, en concreto a las 1,8 millones de familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de energía y agua. La factura mensual media para los hogares con Tarifa de Último Recurso estaría, según Facua a partir de los datos del BOE, en torno a los 80,5 euros mensuales, 966 euros/año. En cuanto al agua, la tarifa social del agua (con un consumo máximo de 27 metros cúbicos trimestrales para una familia de tres miembros, con un coste medio de 2,3 euros por metro cúbico) supondría un coste de unos 250 euros anuales. En total se necesitarían aproximadamente 1.057 millones de euros/año, 4.320 millones en la legislatura.

– Prohibir a los monopolios del agua y la energía los cortes de estos servicios básicos para todos los hogares de jubilados, parados y en riesgo de exclusión social.

– Paralización de los desahucios. Ley de Vivienda que aplique de forma inmediata la legislación europea sobre la dación en pago. E imponga a los bancos una moratoria (en el principal y los intereses) obligatoria en el pago de las hipotecas de la vivienda familiar a quienes no dispongan de unos ingresos de al menos la hipoteca más 1.000 euros al mes.

– Un parque público de alquileres sociales con las viviendas vacías de la banca rescatada. Con las viviendas del “banco malo” (SAREB). Y con la recuperación de las viviendas entregadas a precio de saldo a los “fondos buitre” por el SAREB y los ayuntamientos.

El coste total de este Plan de Urgencia y Solidaridad Social sería de 7.894 millones de euros anuales, 31.576 millones de euros en toda la legislatura

¿Cómo se financia este plan solidario?

– Reduciendo un 20% los gastos superfluos del Estado, los privilegios de la clase política y la lucha contra los corrupción ahorraríamos un mínimo de 30.000 millones de euros.

– Y completarlo con parte (1.576 millones) de los 37.300 millones aún no utilizados de los ingresos por Reforma Fiscal.

NOVENO.- Reducción de un 20% de los gastos superfluos y privilegios de la clase política y acabar con la corrupción.

Es posible reducir hasta un 20% los gastos del Estado sin tocar un solo euro de las partidas sociales si eliminamos todos los gastos innecesarios y suntuosos, las empresas públicas improductivas y deficitarias o la duplicidad de organismos y el derroche y los privilegios de la clase política, y la sangría de la corrupción.

Según diversos estudios el coste total que la corrupción supone en España al erario público se eleva a 40.000 millones de euros al año.

Otros informes certifican que la duplicidad de organismos, al servicio de mantener burguesías burocráticas regionales o locales, nos cuesta entre 27.000 y 40.000 millones anuales.

Los presupuestos del Estado aprobados para este año destinan 6.000 millones de euros a partidas tales como: 39 millones de euros para gastos de oficina de los diputados y senadores, 2,9 millones a subvencionar carreras de caballos o los más de 90 millones de euros que destinan varios ministerios a las fundaciones de los partidos políticos…; por no hablar de los abusos del coche público, de la proliferación de consejeros con sueldos millonarios, de las financiaciones encubiertas bajo la forma de “informes” y otras corruptelas.

Exigimos una auditoria independiente de los gastos del Estado, fiscalizada por los ciudadanos, a través de organizaciones sociales independientes, que delimite la cuantía del despilfarro y la corrupción, ahora ocultada.

Pero, con los datos que disponemos, podemos afirmar que sólo aplicando una reducción del 20% a los gastos del Estado, estrictamente a los gastos suntuarios y superfluos, sin tocar un solo euro del gasto social, estaríamos hablando de un ahorro de 30.000 millones de euros.

Sólo con este ahorro podríamos cubrir casi en su totalidad las necesidades del plan de Urgencia y Solidaridad (31.576 millones de euros).

DÉCIMO.- Una política ecológica que garantice un desarrollo sostenible

Recortes Cero-Grupo Verde apostamos decididamente por una nueva política ecológica que permita garantizar un desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado. Capaz de convertirse en un motor del desarrollo económico, especialmente en sectores de alta tecnología ecológica, de independencia energética, impulsando las enormes potencialidades de España en energías renovables, y generador de empleo de calidad.

Y que garantice al mismo tiempo la lucha contra el cambio climático y la protección de la riqueza y diversidad medioambiental, acabando con la impunidad para contaminar de monopolios y grandes empresas.

– Apostamos por un nuevo modelo energético que acabe con la dependencia del petróleo, aprovechando el enorme potencial de nuestro país en energías renovables, especialmente la eólica y solar. Y el cierre de las centrales nucleares.

– Ley de Medio Ambiente que: Acabe con la impunidad de los grandes monopolios para contaminar. Prohíba la privatización de recursos naturales estratégicos como la gestión del agua. Garantice una una gestión sostenible de los recursos.

– Impulsar y apoyar todas las iniciativas para derogar las leyes que limitan o recortan el desarrollo de las energías renovables y el autoconsumo eléctrico, como la Reforma Energética del gobierno de Rajoy y el “impuesto al sol”.

– Impulsar la I+D+i en energías renovables y la creación de empleo en este sector estratégico.

– Políticas eficaces para combatir el cambio climático, reduciendo un 30% los gases de efecto invernadero para el 2020.

– Promulgación de una Ley General del Medio Ambiente que garantice la biodiversidad, la protección de la fauna y flora y la educación ambiental. Que elimine los cultivos y alimentos transgénicos, fomentando la agricultura biológica y la ganadería ecológica; que potencie el ferrocarril en detrimento del transporte por carretera; que apueste decididamente por la reutilización, la recuperación y el reciclaje y que prohíba el fracking y el resto de actividades extractivas destructivas. Proponemos una regulación justa de la práctica y la enseñanza de las medicinas naturales.

– Eliminación de la obsolescencia programada y las prácticas abusivas, fraudulentas o engañosas en la industria y el comercio.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

PARA DECIDIR SIN IMPOSICIONES EXTERIORES

Para poder redistribuir la riqueza y salir de la crisis en beneficio de la mayoría es imprescindible defender la Soberanía Nacional de España, enfrentándose a los dictados del FMI o la UE que imponen los recortes, y conquistando la autonomía necesaria para decidir por nosotros mismos la política económica que de verdad nos interesa.

El último informe de la Comisión Europea exige a España nuevos recortes por valor de 9.000 millones de euros en 2.016 para cumplir los objetivos de reducción del déficit. Que volverían a recaer sobre las prestaciones de los parados, la sanidad, la educación o los salarios.

Es la última prueba de quien impone los recortes en España. Desde la llamada de Obama a Zapatero en mayo de 2.010, exigiéndole la inmediata ejecución del primer paquete de recortes, han sido las imposiciones de Washington y Berlín, a través del FMI o la UE, y no “las consecuencias de la crisis mundial”, la causa de la oleada de recortes que sufrimos. Junto a la aceptación sumisa de esos dictados por parte de los gobiernos de Zapatero o Rajoy.

En un gesto inédito, Mariano Rajoy ha ofrecido a España para “relevar a Francia en el control militar en África”, y que así París concentre sus esfuerzos militares en Siria. Se ha violentado la legalidad parlamentaria para aprobar en tiempo récord el acuerdo que permitirá a EEUU convertir Morón en “la base de África de la OTAN”. Suelo español es escenario de las mayores maniobras militares de la OTAN desde la IIª Guerra Mundial. El “escudo antimisiles”, proyecto estrella de la era Bush, se ha instalado en Rota…

Sufrimos un acelerado incremento de nuestra integración en los planes militares norteamericanos, que implica la participación en ataques y agresiones a otros pueblos y significa un recorte a nuestra soberanía nacional.

Recortes Cero-Grupo Verde reclamamos el derecho a no ser intervenidos y saqueados por los mandatos que vienen de Washington y Berlín. Y defendemos que una España independiente y autónoma pueda convertirse en una referencia mundial de Paz y Neutralidad.

– Por una política de paz y neutralidad para España. Prohibición de la participación de España en cualquier guerra o intervención militar en el exterior, así como la utilización en ellas de instalaciones en territorio español. Regreso inmediato de las tropas españolas desplegadas en el exterior. Defendemos la salida de España la OTAN. Y con carácter inmediato exigimos el cumplimiento de las condiciones aprobadas en el referéndum sobre nuestra integración en la OTAN -salida de la estructura militar integrada, reducción progresiva de la presencia militar de los EEUU en España; y prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español-.

– Derogación del acuerdo que permite a EEUU instalar el escudo antimisiles en Rota. Suspensión de la reforma del acuerdo de defensa con EEUU que permite el despliegue de marines en Morón hasta su discusión pública en un nuevo parlamento. Desmantelamiento progresivo de las bases norteamericanas en nuestro suelo.

– Presentar un recurso de inconstitucionalidad a la reforma exprés de la Constitución, que obliga a pagar antes a los bancos alemanes y fondos americanos que a los pensionistas, dependientes o parados españoles.

– Anulación de los tratados firmados con la UE que limitan nuestra soberanía, como el Memorándum adjunto al rescate financiero, todo un programa de gobierno por encima de la legalidad española. Renegociación de las condiciones presentes en acuerdos con la UE perjudiciales para los intereses nacionales (cuotas de producción, objetivos de reducción del déficit…)

– Denuncia del Tratado de Libre Comercio (TTIP), la OTAN económica que EEUU y la UE negocian a espaldas de los pueblos. Veto a su aprobación por parte de la UE, impidiendo que sus condiciones (privatización de servicios públicos…) puedan aplicarse en España.

AMPLIAR LA DEMOCRACIA

PARA DAR PARTICIPACIÓN Y CAPACIDAD

DE DECISIÓN A LOS CIUDADANOS

Para conquistar el cambio político real que la mayoría demandamos es necesario ampliar la democracia. Para redistribuir la riqueza y salir de la crisis en beneficio de la mayoría es imprescindible que el 90% de la población -y no una ínfima minoría como ha sucedido hasta ahora- tengamos de verdad toda la capacidad de decisión.

Los años de crisis han hecho aún más patente los límites de la democracia bajo el modelo bipartidista.

Para imponer la oleada de recortes sobre el 90% de la población necesitan blindar los privilegios y la impunidad del bipartidismo que los ejecutan. Y necesitan también recortar la democracia y las libertades de quienes sufrimos los recortes.

Mientras se ejecutan todo tipo de recortes sobre la población, la clase política ha ido acumulando todo tipo de privilegios, despilfarros y corrupciones, ante la ausencia de mecanismos de transparencia, control y participación directa de los ciudadanos.

Para Recortes Cero-Grupo Verde el grado de democracia y capacidad de decisión para la mayoría que queremos, no pueden descansar nunca sobre un pequeño círculo ni un único partido, sino que depende de la lucha, movilización y organización de la mayoría social que rechazamos los recortes y el dominio del bipartidismo.

– Control directo de los votantes sobre los cargos electos. Asambleas de electores donde los cargos electos estén obligados a responder ante sus votantes, y en las que los electores tengan el poder de revocarlos por incumplimiento del programa electoral.

– Acabar con la corrupción. Impulsar una reforma del Código Penal para dar a la corrupción el mismo tratamiento que la ley reserva para el crimen organizado.

Que permita perseguir por igual tanto a los políticos corruptos como a las grandes empresas que se benefician de la corrupción. Y desmantelar de raíz todas las tramas corruptas.

Anulando la prescripción de los delitos económicos y fiscales, auténtico “agujero negro” que otorga impunidad a las tramas corruptas.

Estableciendo mecanismos para que tanto “corruptos” como “corruptores” estén obligados a devolver el dinero robado.

– Para Recortes Cero – Grupo Verde el terrorismo siempre es fascismo, y supone un ataque criminal contra la democracia y la libertad que todos sufrimos más allá de nuestra nacionalidad, raza o religión.

Defendemos la unidad de todos los demócratas para derrotar al terrorismo. La clave para ganar la batalla contra el terror debe ser la unidad, lucha y movilización de todos los pueblos en defensa de la paz, la libertad y la democracia.

– Lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género.

Igualdad salarial entre hombres y mujeres, como una medida democrática y de redistribución de la riqueza. Las mujeres trabajadoras cobran en España un 19,3% menos por hora. Somos el cuarto país de la UE con mayor brecha salarial de género. Que ha aumentado un 19,8% desde 2.008, como resultado del avance del saqueo sobre las rentas y salarios del 90%.

Pacto de Estado para erradicar la violencia machista que ayude, proteja y repare a las víctimas. Reversión de todos los recortes ejecutados en los recursos especializados contra la violencia machista y en el resto de servicios públicos que afectan a los derechos de la mujer.

Aumento de la dotación presupuestaria contra la violencia machista que permita ejecutar de forma inmediata todas las medidas de protección y ayuda a las víctimas.

– Derogacion de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”.

– Nueva Ley Electoral que acabe con la “sobre representación” antidemocrática otorgada al bipartidismo. Y establezca un sistema proporcional donde cada voto valga lo mismo y se refleje fielmente en la composición del parlamento la voluntad popular expresada a través del voto.

– Ley de Participación Ciudadana que refuerce los mecanismos de participación directa: Iniciativa Legislativa Popular, referéndums vinculantes y consultas populares.

– Auditoría independiente que revise las cuentas de todas las instituciones del Estado en los últimos 4 años, de forma que cualquier ciudadano pueda conocer de forma sencilla y clara dónde y en qué se ha gastado hasta el último euro de sus impuestos.

– Nueva ley de financiación de partidos, sindicatos, fundaciones y organizaciones empresariales. Ninguna subvención con dinero público. Que se autofinancien con aportaciones de afiliados y simpatizantes. Cuentas públicas.

DEFENDER LA LIBRE UNIDAD

DEL PUEBLO TRABAJADOR DE TODA ESPAÑA

UNIDAD EN UN FRENTE AMPLIO

PARA LUCHAR CONTRA LOS RECORTES

Para poder redistribuir la riqueza y conquistar una salida a la crisis favorable al 90% de la población es necesario defender con orgullo y convicción la unidad, y en estos momentos muy especialmente la libre unidad de todo el pueblo de las nacionalidades y regiones de España, la unidad del conjunto de su pueblo trabajador.

Recortes Cero – Grupo Verde decimos bien claro que la división solo favorece a quienes nos saquean.

La declaración de “desconexión con España”, como paso previo a la “instauración de una República Catalana”, aprobada en el Parlament catalán es un ataque contra los intereses del conjunto del pueblo trabajador de toda España. Al servicio de los sectores de la más corrupta y antipopular burguesía catalana encabezados por Artur Mas.

Lo que nos interesa al 90% de la población que sufrimos los recortes es hoy la defensa activa y cerrada de la unidad del conjunto del pueblo trabajador de toda España para luchar juntos por una salida a la crisis en beneficio de la mayoría. Cualquier ambigüedad o vacilación en este sentido contribuye a alimentar los ataques contra la unidad y a quienes los encabezan desde los intereses más reaccionarios.

La oleada de recortes impuesta desde el FMI o la UE ataca los intereses del 90% de la población de toda España. Desde los trabajadores activos y parados a los pensionistas y dependientes; pymes, autónomos y profesionales; jóvenes mujeres e inmigrantes…

Ningún “frente de izquierdas”, por muy amplio y plural que sea, puede representar al 90% que sufre los recortes.

Ningún partido puede representar en exclusiva, por sí sólo, los intereses de ese 90% de la población.

Recortes Cero-Grupo Verde defendemos que solo desde la unidad del 90% de la población que rechazamos los recortes y el dominio del bipartidismo es posible construir una alternativa que conquiste un cambio político real, basado en la redistribución de la riqueza.

Por eso Recortes Cero – Grupo Verde defendemos:

Trabajar permanentemente por fortalecer la libre unidad de todo el pueblo de las nacionalidades y regiones de España, para luchar juntos por un futuro de libertad, progreso y prosperidad.

– Unidad del conjunto del pueblo trabajador de toda España, desde Barcelona a Madrid, para enfrentarse a los proyectos de fragmentación o “desconexión con España” encabezados por Artur Mas, cabeza no solo de los ataques a la unidad sino también principal ejecutor de los recortes contra el 90% de la población en Cataluña.

– Transformación del Senado en una Cámara de representación territorial.

– Promover el conocimiento y la enseñanza elemental de las diversas lenguas hispanas en toda España, como una riqueza plural y común de todo el pueblo. Así como la conjunción lingüística en las comunidades bilingües, garantizando la igualdad y los derechos de todos los ciudadanos independientemente de su origen.

Y trabajar por un Frente Amplio de Unidad que sea expresión, defienda y represente los intereses del 90% de la población.

– Un Frente Amplio que una en pie de igualdad, de lo social a lo político y de la derecha a la izquierda, a todas las fuerzas políticas, sindicales, ciudadanas, a todas las personalidades y sectores sociales que nos oponemos a las políticas de recortes y los dictados de la Troika.

FORO DE INTELECTUALES, ARTISTAS Y PROFESIONALES

No podríamos escribir la historia de España en el siglo XX sin contar con el papel de los intelectuales y artistas en la vida social, en el debate público, en la formación de las ideas y las corrientes de opinión sobre los asuntos más cruciales del país.

Desde la generación del 98 y del 27, hasta la transición democrática, y dentro de una enorme pluralidad de puntos de vista y sensibilidades en los diversos ámbitos intelectuales, artísticos o científicos, un anhelo, un sueño compartido ha recorrido década tras década varias generaciones: el deseo de construir un país soberano, moderno, próspero, democrático, plural, avanzado. Un país, que respaldado por su ingente patrimonio histórico y cultural, pusiera en marcha toda su energía transformadora, y aunando los talentos individuales en una dirección común, fuera capaz de construir un proyecto propio, independiente, al servicio de la mayoría de la sociedad y de sus ciudadanos.

Igual que en el pasado, España se enfrenta hoy a fuerzas muy poderosas, que ahora a través de los recortes, paralizan, desmoralizan y destruyen nuestro potencial colectivo y nuestras capacidades individuales. Los recortes vienen dictados desde el exterior, y las imposiciones de todo orden que de manera impune vienen de Estados Unidos y Alemania, a través del FMI, el BCE y la Comisión Europea, con sus políticas neoliberales, están recortando la soberanía del país hasta extremos impensables, condicionando hasta los más nimios detalles, no sólo del ámbito político y económico, sino también de nuestra vida cultural, científica, educativa, jurídica, sanitaria, etc.

Recortes económicos y de soberanía, que están provocando una auténtica regresión social, como muestra el éxodo de miles de jóvenes altamente cualificados obligados a emigrar para subsistir; y una auténtica regresión cultural, ejemplificada en el enorme perjuicio que la subida de impuestos significa para la supervivencia y el desarrollo de nuestra vida artística.

Para que nuestro país pueda recuperar la iniciativa, es imprescindible una verdadera alternativa. Un programa global que sea capaz de oponerse punto por punto a cada uno de los recortes (también a cada una sus premisas ideológicas), ofreciendo soluciones y propuestas, reales y factibles, al servicio del 90% de la sociedad.

Una verdadera alternativa que tome como ejes maestros la Redistribución de la riqueza, la Ampliación de la democracia, y la Defensa de la soberanía nacional.

Que defienda la educación, la ciencia y la investigación, la cultura y las artes en toda su diversidad plurinacional, como los motores económicos y sociales que son para la prosperidad del país, protegiéndolos con firmeza de intereses ajenos.

Elaborar esta alternativa no puede ser tarea de un círculo reducido de personas. Tenemos que elaborarla en un proceso democrático y participativo lo más amplio posible, pues sólo así responderá a las verdaderas necesidades de todos y cada uno de los diferentes sectores y ámbitos sociales.

Para ello es imprescindible la participación activa de los sectores más conscientes del pensamiento. La participación activa de intelectuales, artistas, profesionales, 2 especialistas, técnicos…; que en sus respectivos ámbitos crean pensamiento y construyen tejidos culturales y sociales, y cuyas contribuciones en un marco colectivo de debate y acción pueden adquirir una fuerza exponencial.

Todas las personas que bien por poseer capacidades excepcionales, o por haber dispuesto de medios para formarse, deben sus conocimientos a muchas otras que en el pasado contribuyeron con su esfuerzo a su saber. Por ello, están en deuda con la humanidad, y de algún modo tienen el compromiso moral de aportar su conocimiento al progreso colectivo. Todos tenemos el mismo derecho a ser felices y a realizarnos en todas nuestras potencialidades. Y nunca, bajo ningún concepto, admitiremos que un ser humano sea tratado como si fuera una mercancía.

Los miembros de este Foro nos sentimos herederos de esa tradición cultural, que pone el pensamiento al servicio de la transformación social, y de su pregunta central: ¿qué país necesitamos construir, qué papel puede jugar nuestro país en el mundo? Hoy, esa tarea pasa por luchar contra los recortes y contra el proyecto de degradación para España que éstos representan.

Somos conscientes de que ésta es una propuesta ambiciosa y compleja, pero al mismo tiempo necesaria si aspiramos a tener otro proyecto de país, capaz de ganarse el respeto y el apoyo de la ciudadanía.

Y + MÁS

Anexos al programa de Recortes Cero-Grupo Verde

Decálogo Verde

para una España ecológica,

socialmente justa y territorialmente equilibrada

Recortes Cero – Grupo Verde proponemos la promulgación de una Ley General del Medio Ambiente que garantice la biodiversidad, la protección de la fauna y flora y la educación ambiental; y la aplicación de una nueva política ecológica.

1º.- Un nuevo modelo energético basado en el uso de energías limpias y renovables y en el autoconsumo. Prohibir el fracking, revisión de los proyectos de nuevas centrales térmicas que mantienen modelos energéticos de combustible fósil, y un calendario para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares. Derogación de las leyes que limitan o recortan el desarrollo de las energías renovables y el autoconsumo eléctrico.

2º.- Fomento de la economía verde en todos los campos: agricultura, energía, nuevas tecnologías…. Ayudas a la producción ecológica, el autoempleo y el cooperativismo. Regulación de la práctica y la enseñanza de las terapias naturales. Generalizar el uso de software libre en la Administración. Nueva legislación sobre caza y pesca sostenible y sobre el maltrato animal.

3º.- Impulsar la agricultura y ganadería ecológica. Desarrollo de una nueva legislación sobre el control de transgénicos y productos utilizados en la transformación de alimentos

4º.- Una nueva cultura del agua, basada en el ahorro y la eficiencia, la depuración en origen y la recuperación y uso sostenible de acuíferos, deltas y ríos en todos sus tramos. El agua debe ser un bien común no privatizable.

5º. Una “Política de Residuos Mínimos”. Recuperación de los residuos reutilizables y reciclables, eliminación de los residuos peligrosos, sistemas de retorno de envases y moratoria sobre la incineración.

6º.- Prohibición por ley de la obsolescencia programada.

7º.- Reequilibrio territorial de personas, servicios e infraestructuras adaptadas al territorio. Ley de sostenibilidad rural recuperando pueblos habitados, sostenibles y con servicios comarcales.

8º.- Cambio global en la política de movilidad, basada en el fomento de la proximidad y la accesibilidad entre trabajo, vivienda y ocio correlativa al reequilibrio territorial. Red integral de ferrocarriles tendente a reducir el tráfico pesado en las autopistas y ampliar el de mercancías por tren.

9º.- Mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático, en la línea de las propuestas de los científicos de Naciones Unidas. Medidas contra la contaminación en las grandes urbes. Implantar un nuevo estándar para las emisiones de partículas de los vehículos.

10º.- Mayor compromiso en la lucha contra la impunidad de los grandes monopolios para contaminar.

Por una Cultura al servicio del país y de sus ciudadanos

La cultura y el arte han sido duramente golpeados por unas políticas de recortes y de impuestos que han supuesto una auténtica involución en estos sectores .

En cultura, los presupuestos públicos se han recortado desde 2009 en torno al 70%, y se ha destruido el 30% del empleo del sector (unos 160.000 puestos de trabajo)¹. De hecho, desde 2011 España ha sido el país europeo con mayores recortes en el sector cultural². Con la brutal subida del 8% al 21%, Rajoy ha colocado a España con el IVA cultural más alto de Europa, por delante de Noruega (0%), Francia (5,5%) o Alemania (7%), equiparándolo con el IVA cultural de los productos de lujo.

REVERTIR LOS RECORTES

Los recortes en cultura no afectan sólo a los sectores y profesionales directamente implicados, sino que producen un daño expansivo al desarrollo cultural, social y económico del país mucho mayor de lo que permite su cuantificación inmediata. La reversión de los recortes en estos sectores no es un problema principalmente presupuestario, sino de voluntad política y de apuesta de futuro.

-Recuperación a lo largo de la legislatura del nivel de inversión pública en cultura y ciencia que había en 2010, así como de los puestos de trabajo destruidos.

–Recuperar el 70% de inversión pública perdida. Puesto que se trata del porcentaje global correspondiente al conjunto de las administraciones públicas (estatal, autonómico y municipal), el gobierno central debe recuperar el porcentaje que le corresponde, instando y ayudando a las autonomías y municipios a que recuperen sus niveles de inversión anteriores.

–Recuperar los 160.000 empleos destruidos, que afectan a todos los sectores y subsectores del tejido cultural tanto a nivel empresarial como profesional.

DESARROLLAR UNA POTENTE INDUSTRIA CULTURAL ATRAVÉS DE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN

España cuenta con un inmenso patrimonio histórico, cultural, idiomático y artístico, que tanto en su diversidad plurinacional, como en sus profundos lazos con Iberoamérica, conforman un universo cultural de un potencial incalculable. Y éste es unos de los mayores activos de nuestro país para sí y para el mundo. La industria cultural puede ser uno de los motores de la economía nacional porque las condiciones objetivas están dadas. Pero no son suficientes la voluntad política o una gran inversión pública. No será posible dotar ese enorme potencial de un proyecto real sino es a través de la redistribución de la riqueza y de un nuevo marco legislativo.

Pese a los recortes y los impuestos abusivos, el sector cultural ya aporta el 3,4% del PIB y genera el 2,8% del empleo total en España, más de medio millón de empleos.

– Reducción inmediata del IVA cultural del 21 al 8%. No hay por qué esperar y graduar la vuelta al IVA anterior a la crisis, puesto que su beneficio recaudatorio es muy pequeño respecto a otros sectores, y ha respondido más a una motivación política de penalizar y debilitar un sector especialmente contestatario

– Establecer una fiscalidad específica para las Pymes y Autónomos del sector cultural, que permita el desarrollo de la pequeña y mediana empresa cultural, que es la predominante en el sector, con desgravaciones especiales, créditos a interés mínimo, etc. IVA super reducido del 4% para las empresas culturales de especial interés público.

– Ley de inversión pública para la cultura, en la quede protegida y regulada la inversión a nivel central, autonómico y municipal, de acuerdo a un porcentaje proporcional al crecimiento del PIB.

Con el objetivo para esta legislatura debe ser alcanzar la media europea de inversión respecto al PIB.

La inversión pública debe orientarse principalmente (70%) hacia la dotación de las infraestructuras y los medios tecnológicos necesarios para el desarrollo de los distintos sectores de la industria cultural (estudios de rodaje, de grabación, salas de ensayo, centros de documentación, redes informáticas, medios de difusión, etc, etc). Y secundariamente (30%) a la financiación de proyectos de especial envergadura e interés histórico o social.

– Reforma fiscal para que los grandes grupos y empresas del sector cultural, paguen hasta el 50% del impuesto de sociedades. Que dicha cuantía vaya destinada anualmente a la inversión pública.

– Derogación de la Ley de Propiedad Intelectual, que lejos de defender los derechos de los autores, realmente protege a los grandes monopolios de la industria cultural. Elaboración de una nueva ley con el protagonismo de las asociaciones de profesionales y de consumidores, que logre un equilibrio entre la propiedad intelectual y la libre circulación de contenidos.

PROTEGER EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL EN SU DIVERSIDAD PLURINACIONAL COMO UNA FUENTE DE RIQUEZA.

España es el segundo país del mundo (por detrás de Italia y por delante de China) en bienes reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Esto significa un reconocimiento mundial a lo más destacado de una riqueza patrimonial privilegiada, que tiene múltiples aspectos y que en su conjunto debe ser un activo del desarrollo económico, cultural y social, tanto hacia dentro como hacia fuera del país.

– Creación de una Agencia Especial de Patrimonio, que permita actuar adecuadamente en todo el país sobre la riqueza monumental, la red de museos y los fondos artísticos que contienen, en estrecha colaboración con las administraciones autonómicas y municipales en las diferentes áreas de gestión: conservación, restauración, promoción de la investigación y la archivística, programas educativos desde la enseñanza primaria a la universidad, creación de institutos especializados por áreas, gestión educativa y social de los museos, etc.

– Creación de la Red de Institutos Cervantes, como una red integrada y coordinada con presencia en todo el mundo para la promoción y difusión no sólo del idioma castellano, sino también del catalán, del euskera y el gallego, y de la cultura española en toda su diversidad territorial y de sectores profesionales.

– Creación de una Oficina de Turismo Cultural. Que de cauce a la difusión y el conocimiento del patrimonio nacional creando un mercado especializado en cultura, activando el mercado interno y externo. Que coordine las empresas turísticas y culturales con programas sociales, creando riqueza económica, cultural y social.

DEFENDER LA SOBERANÍA Y LA PLURALIDAD CULTURAL DEL PAÍS

Los límites a nuestro desarrollo cultural vienen impuestos desde fuera. Las políticas de la Troika no sólo han impuesto recortes económicos, sino que han multiplicado la intervención de las grandes corporaciones extranjeras en la producción y distribución de los bienes culturales, así como en la monopolización de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. El desarrollo de la cultura es en primer lugar un problema de soberanía. No sólo está en juego la creación de una industria y un mercado propios, sino el desarrollo de nuestra visión del mundo y de nuestra sensibilidad.

– Reforma de la legislación vigente sobre producción y distribución cultural, tanto a nivel nacional como europeo, en todos aquellos aspectos que favorecen a las grandes distribuidoras (especialmente norteamericanas) y perjudican la producción nacional y su distribución dentro y fuera de nuestro país.

– Denuncia y rechazo expreso del TTIP en materia cultural, que abre vías para que los grandes monopolios norteamericanos de la cultura se adueñen de manera omnímoda del mercado europeo. Propuesta de una resolución en el parlamento europeo que vete la aplicación del TIPP, defienda la autonomía cultural de Europa, y refuerce los mecanismos legislativos en materia cultural propios en la eurozona.

– Derogación de la actual Ley de Comunicación Audiovisual, que defiende el predominio antidemocrático de los grandes grupos de comunicación. Elaboración de una nueva Ley general de Comunicación, con el protagonismo de las asociaciones profesionales del sector, que impida el monopolio y garantice la pluralidad de los medios y el derecho de los ciudadanos a una información plural. Que en el terreno audiovisual, garantice el acceso en condiciones de igualdad a las licencias de radio y televisión también para medios independientes e iniciativas sociales.

DESARROLLAR UN TEJIDO CULTURAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Los ciudadanos no pueden ser sólo un receptor pasivo de cultura, que accede tan sólo a los contenidos producidos por los profesionales. Tienen que disponer también de los medios para participar directamente en la realización cultural, al servicio de las necesidades sociales y personales de su entorno cercano. Esto significa potenciar y crear los mecanismos para que exista un tejido semiprofesional, amateur y aficionado en las diferentes disciplinas de la cultura.

– Reforma de la legislación sobre el asociacionismo cultural. Nueva figura legal de “Asociación Artística”, para las iniciativas estables de carácter amateur, tales como grupos de teatro, música, coros, colectivos literarios, de artes plásticas, etc. Que de una cobertura legal específica para el uso de espacios e infraestructuras públicos, circuitos de exhibición, organización de talleres, eventos, petición de ayudas, etc.

– Nueva normativa para zonas urbanas o rurales “en riesgo de exclusión cultural”, que bien por los efectos de los recortes o por un abandono continuado, necesiten una atención especial de activación cultural. Estableciendo un protocolo de actuación y colaboración entre entidades públicas y profesionales del sector para crear un tejido cultural en dichas zonas.

GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS BIENES CULTURALES.

La cultura es un derecho, un bien colectivo, y debe estar democráticamente al alcance de toda la población. Hay que eliminar todas las barreras que la convierten, no sólo para sectores en riesgo de exclusión social, sino también para grandes franjas de la población empobrecidas por los recortes, en un bien inaccesible.

La administración central debe garantizar de acuerdo a normativas concretas:

– Acceso gratuito a todas las instituciones culturales de titularidad pública: museos, bibliotecas, videotecas, espacios arqueológicos, etc. Carnet cultural para descuentos especiales en instalaciones privadas.

– Promoción de “Sociedades de Amigos” de museos, monumentos, teatros, etc. Que permitan no sólo ventajas económicas o de acceso preferente, sino de participación democrática en la gestión cultural de sus instalaciones y programas.

– Campañas trimestrales de precios reducidos, para promocionar el acceso a todo tipo de espectáculos (teatro, conciertos, ópera, ballet, etc.).

Una Sanidad al servicio del pueblo

Sí hay esperanza frente a una sanidad al servicio de los grandes capitales farmacéuticos, fondos de inversión y aseguradoras que hacen de la sanidad un negocio milmillonario a costa de nuestra salud; una sanidad al servicio del pueblo.

Según datos de 2013 la sanidad pública española ha perdido casi 10.000 millones de euros durante la crisis. La media de recorte presupuestario en las CCAA es del 20%. Las listas de espera se han disparado. A mediados de 2009 los pacientes que aguardaban más de seis meses para operarse eran el 5% del total; en 2013 ya suponían el 13,7%. Aunque estos últimos dos años disminuyan es a costa de derivar pacientes y recursos a la privada.

Sólo entre 2011 y 2013 la sanidad pública perdió el 19% de sus efectivos. En toda España, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha perdido casi 5.000 trabajadores (médicos y enfermeros) entre 2010 y 2013. En 2010, según el informe, había 115.418 camas funcionantes en el sistema. Tres años después cayeron a 109.484. Es decir, casi 6.000 camas operativas menos, un 5,1% de descenso.

Los recortes y privatizaciones gestionados por el estado hacen que grandes fondos de inversión extranjeros como CVC (propietario de Quironsalud) y aseguradoras como Adeslas (propiedad de La Caixa y Mutua Madrileña) o Sanitas (propiedad de la británica BUPA) multipliquen su facturación.

Mientras el gasto sanitario de las administraciones públicas fue en 2013 de 63.006 millones de euros, 9.933 menos que cinco años antes, el mercado hospitalario privado en España factura aproximadamente 9.600 millones de euros, de los que 6.100 millones corresponden al mercado de los hospitales privados no benéficos.

De estos, el grupo Quirónsalud, el grupo hospitalario más importante de España con un 25% de la cuota de mercado hospitalario privado y el tercero a nivel europeo, factura unos 1.500 millones de euros. Más de la mitad por convenios con la administración pública. Por otro lado, de 2010 a 2013, el volumen de primas de seguros privados de salud ha crecido un 9,32%.

Hace falta, como proponen otros programas, revertir los recortes y la privatización y defender una sanidad pública y universal; pero con ello no basta, hace falta otra sanidad, de conjunto, que esté al servicio del pueblo;

Detener los recortes y la privatización

– Aumentar la inversión pública en sanidad y dependencia hasta la media de la eurozona (7,4% del PIB) mediante la redistribución de la riqueza que acaparan una minoría. Sólo acabando con el fraude fiscal se podrían obtener recursos para revertir los recortes e invertir en mejorar la sanidad.

– Anular el copago farmacéutico y hospitalario y de la exclusión de medicamentos e insumos básicos de la Seguridad Social.

– Reintegrar de los inmigrantes sin papeles en el sistema público gratuito de salud.

– Paralización y reversión de la privatización sanitaria, tanto directa como indirecta, empezando por las leyes que la han permitido, como la Ley 15/97.

Avanzar en una sanidad al servicio del pueblo

De acuerdo a la orientación general de una sanidad para prevenir, curar, ahorrar y mejorar el nivel de vida al servicio del pueblo, los ejes de las principales medidas son:

Asegurar la cobertura del conjunto de la población española:

– Aumentar el personal sanitario

– Poner la Asistencia Primaria en el centro

– Reducir drásticamente las listas de espera

Desarrollar todas las capacidades productivas y científicas autóctonas

– Crear un tejido farmacéutico español

– Por la base desarrollar la I+d+i

– Crear una Central de Compras que abarate el gasto farmacéutico

Desarrollar la democracia sanitaria

– La gestión en manos de los profesionales y el tejido civil

– Una Ley contra el delito a la salud que endurezca el castigo

– Una Agencia de Evaluación independiente sobre eficacia y seguridad

Una sanidad preventiva y más eficaz que cualquier aseguradora y empresa sanitaria, porque se adecuan recursos y horarios a prevenir la enfermedad y acabar con las listas de espera.

– Aumentar las plazas de personal sanitario hasta cubrir la proporción por habitante que reclaman las sociedades científicas, potenciando con ayudas especificas que los jóvenes de familias con rentas bajas con vocación y voluntad puedan formarse con los mejores y recuperando la figura del médico de cabecera.

– Poner la Asistencia Primaria en el puesto de mando de la Sanidad Pública, favoreciendo la integración socio-sanitaria. Aumentar el número de centros, el tiempo de visita mínimo y la implicación de médicos en tareas preventivas y educativas como es la educación alimentaria, sexual, etc.

– Desarrollar la medicina especializada al servicio de prevenir y curar las patologías más graves, y de rebajar las listas de espera al nivel óptimo fijado por las sociedades científicas; abriendo los quirófanos, camas, pruebas; y ampliando el personal y los horarios de actividad (p.ej los fines de semana) tanto como sea necesario para cumplir dicho objetivo.

Una sanidad que produzca fármacos y tecnología que compitan con las grandes farmacéuticas y tecnológicas.

– Crear un tejido productivo farmacéutico (genéricos, p.ej) y tecnológico autóctono que transforme en patentes y producción material todos los avances realizados en nuestro país; que permita mejorar la accesibilidad a los tratamientos y reinvertir los beneficios en el desarrollo y mejora de la sanidad popular.

– Desarrollar la Investigación e innovación desde el ámbito universitario y científico públicos, tanto en campos de alta tecnología (desde la nanotecnología a las células madre) como en campos que rinden terapias de coste mínimo, invirtiendo un porcentaje a la investigación de enfermedades huérfanas, raras u olvidadas (en definitiva, no rentables para los grandes capitales farmacéuticos) y fortaleciendo las líneas de cooperación con nuestras áreas de desarrollo natural, Hispanoamérica, norte de África, países árabes y otras zonas emergentes del planeta.

– Rebajar el gasto farmacéutico, mediante una central de compra estatal que diversifique sus pedidos a países como Brasil, India o Sudáfrica, que venden sus genéricos hasta un 90% más baratos que las grandes multinacionales farmacéuticas.

Una sanidad más democrática, que ponga la gestión sanitaria y financiera en manos de los profesionales y las asociaciones civiles, no de los capitales financieros y fondos de inversión.

– Poner la gestión sanitaria y financiera en manos de los profesionales y asociaciones civiles.

– Endurecer el castigo a los delitos contra la salud colectiva con una ley que a su vez reconozca, atienda y proteja activamente a las víctimas, como son las víctimas de la Talidomida, y tantas otras que esperan justicia en nuestro país. Que proteja a la población, por el principio de precaución, con moratorias como la de la vacuna contra el virus del papiloma reclamada por miles de profesionales o frente a los campos electromagnéticos. Evitando la prescripción de los delitos contra la salud pública y contemplando la suspensión o expropiación de patentes de productos sanitarios si estos no son accesibles, como pasó con los enfermos de Hepatitis C.

– Crear una agencia independiente de evaluación de las terapias, tanto farmacológicas como tradicionales, de su eficacia y seguridad. Hoy en día, la acupuntura, la reflexología podal o incluso la homeopatía se contemplan dentro de la cobertura médica en varios países occidentales.

Por una Educación al servicio del país y del pueblo

Según el último informe de la Comisión Europea, España está entre los seis países de la UE que más han recortado el presupuesto educativo en los últimos cuatro años.

Un tijeretazo a la educación pública en España que viene impuesto por las exigencias dictadas desde la UE o el FMI.

En abril de 2012 -y por órdenes expresas de la Comisión Europea- el gobierno de Rajoy, una semana después de aprobar los presupuestos generales -que ya reducían la inversión educativa en un 21,9%- anunció un “recorte extra” de 10.000 millones… 3.000 de ellos en la enseñanza. Y en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas por el gobierno español prevé que la inversión educativa caiga hasta el 3.9% del PIB en 2016.

Si sumamos los recortes del gobierno central y las autonomías, estamos hablando de 7.000 millones menos invertidos en educación entre 2.010 y 2.014. Una reducción del 20,5%, desde el 18,2% menos en la educación universitaria al 27% de recorte en enseñanzas artísticas o el 40% en educación infantil y primaria.

Estos recortes impuestos se han traducido en un ataque masivo contra el 90% de los sectores educativos.

En primer lugar, contra los propios alumnos. Los recortes han impuesto una preocupante degradación de la enseñanza. Se han eliminado 25.000 profesores -para una población escolar de 800.000 alumnos más-, suprimido buena parte de los programas de refuerzo para alumnos con dificultades, cancelado la construcción de nuevos colegios, y reducido a su mínima expresión los medios a disposición de los ya existentes… Hasta el punto de que algunos han tenido dificultades para pagar los gastos ordinarios -luz, gas, agua, calefacción…-.

En segundo lugar, contra las propias familias, para las que la educación de sus hijos empieza a ser una carga insoportable. Se han reducido un 35% el número de becados y un 10% la cuantía de las mismas, eliminado buena parte de las ayudas de comedor o transporte, limitado drásticamente el acceso a las subvenciones a la compra de libros de texto… además de soportar un incremento del IVA en los artículos escolares desde el 4% hasta el 21%.

El incremento de las tasas universitarias -que puede llegar a alcanzar el 65%- ha expulsado ya a 45.000 alumnos de la enseñanza superior. Y los prohibitivos precios de los masters -obligatorios para completar la formación tras la reforma impuesta por Bolonia- los convierten en un imposible para muchas familias.

Los efectos de los recortes educativos se dejan sentir especialmente en la educación pública, y particularmente en los barrios más populares. Pero afecta también a la educación concertada, de la que depende la educación de aproximadamente un tercio de los alumnos.

Se ha impuesto al profesorado una reducción salarial cercana al 25%. Despidiendo a miles de interinos -que durante años habían sido sometidos a una interinidad ilegal, a pesar de trabajar como un profesor titular-, y obligando a los que quedan a trabajar más horas por menos dinero, y a encargarse de la educación de más alumnos con menos medios.

La defensa de la educación pública no solo es una cuestión de justicia social y redistribución de la riqueza. Es también una inversión estratégica para impulsar un desarrollo independiente y una salida a la crisis en beneficio de la mayoría.

Recortes Cero-Grupo Verde, frente a los recortes y la degradación de la educación pública que pretenden imponernos la UE o el FMI, proponemos un programa que aglutine al 90%, tanto a padres, profesores y alumnos, como a la enseñanza pública y concertada.

Derogación de todos los recortes que afecten a la Educación. Equiparación de la inversión educativa a los niveles de 2007. Un plan para que igualarnos con la media de la UE de inversión en educación, situada en el 5,4% del PIB.

– Un gran acuerdo nacional -como un Pacto de Toledo de la Educación- donde se establezca que la educación “no se toca”. El cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit, o de devolución de la deuda, no debe afectar a la inversión en educación.

1. – Recuperación de los 25.000 profesores eliminados en las diferentes etapas educativas. Plan para incorporar a 45.000 profesores más, tal y como recomiendan todos los organismos para garantizar una educación de calidad.

2. – Restablecimiento de todas las ayudas y programas sociales relacionados con la Educación: becas comedor y transporte, ayuda a la compra de libros de texto…

3. – Restablecimiento de todos los programas educativos de apoyo a los alumnos con dificultades.

4. – Restablecimiento de las becas, y un programa para duplicarlas en el plazo de cinco años

5. – Reducción de las tasas universitarias hasta los niveles vigentes en 2008.

6. – Reducción de la ratio de alumnos por aula para garantizar una educación de calidad.

7. Un Plan Nacional de Educación, que establezca las necesidades educativas, especialmente en los barrios más populares, en las zonas rurales, y respecto a los alumnos con dificultades, planificando los medios necesarios -nuevos colegios, más profesores, mejora de equipamientos...-.

Esto exigiría una inversión mínima de 7.000 millones de euros durante la próxima legislatura para revertir todos los recortes ejecutados en los últimos seis años. Contemplando también la inversión de otros 7.000 millones para elevar la calidad de la educación pública.

Un gran acuerdo nacional, frente a la sucesión de leyes educativas que siempre suponen una degradación de la educación, en el que participen alumnos, padres, profesores, gobierno central y autonómicos, y organizaciones sociales, que establezca el “programa mínimo”, unos raíles que no puedan ser cuestionados, para una educación nacional, democrática, científica y al servicio del pueblo.

– Derogacion de la reforma Wert.

– Apertura de un proceso democrático, para establecer los planes de estudio de acuerdo a las necesidades nacionales y populares

1. – Aprobación de un programa que garantice la convivencia del castellano con las lenguas propias de cada nacionalidad, y al mismo tiempo impulse el conocimiento de las lenguas, cultura e historia de las nacionalidades en toda España.

Ampliación de la democracia y de la capacidad de decisión de la comunidad educativa.

– Fortalecimiento del papel decisorio de los órganos democráticos con representación de toda la comunidad educativa en todos los niveles de la enseñanza.

– Eliminación del director elegido a dedo y de todas las restricciones a la actividad de los profesores

-Expulsión de los órganos de gestión de las universidades de bancos y monopolios

Fortalecer la unidad entre todos los sectores de la educación -alumnos, profesores y padres-, impulsando organismos comunes y un programa mínimo común

– El aumento de la precariedad laboral de los profesores es un ataque contra la calidad de la educación que sufrimos todos. Exigimos la reposición de los interinos despedidos, y su transformación en puestos fijos, estableciendo el número de profesores que necesitamos para una educación de calidad.

– Restablecimiento del poder adquisitivo perdido de los profesores, imponiendo una escala salarial que limite por arriba.

– Prohibición de cualquier recorte de la inversión y las subvenciones a los centros concertados…

Un plan para mejorar la ciencia española y la inversión en I+D+i

Reestructuración y fortalecimiento del sistema científico-técnico español. Elevar la inversión pública en I+D+i desde el actual 1,24% del PBI hasta un 2,9% en 5 años. Reestructuración institucional del CSIC que dote al sistema de la flexibilidad necesaria para salir del estancamiento administrativo.

España necesita no solo de mas científicos (desde noviembre de 2011 la plantilla del CSIC se ha reducido en un 14,6% -1.892 empleados menos-) e inversión, sino también de urgentes reformas estructurales de su sistema. Enumeramos aquí algunos puntos de inaplazable necesidad de implementación:

• Puntos específicos:

1. Instalar a la investigación científica como cuestión de Estado. Proveer al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de autonomía e independencia política del gobierno. Las autoridades del CSIC serán elegidas a través del voto del colectivo de científicos y no por designación política del Gobierno de turno.

2. Planificación estratégica a medio-largo plazo que incluya elevar la inversión pública en I+D+i desde el actual 1,24% del PBI hasta un 2,9% en 5 años. Proponemos que el incremento sea en forma escalonada, aumentando un 0,43% anual por los próximos 2 ejercicios para situar a España dentro de la media europea (2%), y continuando con incrementos del 0,3% anual por los siguientes 3 años hasta alcanzar el objetivo mínimo de 2,9%.

3. Desarrollar políticas de fomento de inversión privada. En España el gasto privado en I+D+i por habitante se sitúa en los 151,50 euros, por debajo de las cifras de países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia (636,4 euros, 452 euros, 332 euros y 177 euros respectivamente).

4. Modernización y reestructuración institucional que dote al sistema de la flexibilidad necesaria para salir del estancamiento administrativo. Además de la insuficiente financiación, es de notar las restricciones burocráticas que impiden a la ciencia española competir en el exterior. Un sistema científico con pretensiones de eficiencia requiere no solo la retención de sus mejores científicos, sino también la captación de aquellos investigadores foráneos con la idoneidad suficiente para contribuir al desarrollo del país. Los trámites administrativos por los cuales científicos extranjeros tienen que pasar (homologación de títulos, etc) son de carácter surrealistas y atentan seriamente contra el sistema científico. Existen muchas fallas graves de gestión que son independientes de la financiación que derivan en pérdida de competitividad y perjudican al sistema por exclusiva incapacidad de sus gestores.

Motivación:

En la actualidad, el desarrollo científico-técnico ocupa un lugar primordial en las relaciones de poder y ejercerá una determinante influencia en la dependencia político-económica que entre los distintos países existirá en un futuro próximo. Se pretende presentar la investigación científica como una actividad puramente intelectual ajena a todo contexto social y político e independiente de intereses económicos. Sin embargo, la innovación tecnológica es otro instrumento utilizado para ejercer dominación. Por esto, los países dominantes procuran fortalecer sus sistemas científicos en tanto bregan por delimitar la capacidad tecnológica de los países subyugados. Los resultados del desigual impulso en I+D solo son visibles años después de su implementación, por esto, la diferencia en políticas de I+D entre distintos países que se da en el presente juega un papel preponderante en la situación de poder en el futuro.

España destina el 1,24% de su PIB para I+D+i, situándose en un oscuro decimoséptimo lugar de entre los 28 Estados de la UE, muy por debajo de la media europea (2%) y a una distancia abismal de los países nórdicos que lideran la inversión en I+D: Finlandia, Suecia y Dinamarca, todos ellos por encima del 3%—, seguidos por Alemania (2,94%) y Austria (2,81%).

En España, el genuflexismo vicioso frente a potencias extranjeras ensayado ya con alta maestría por el gobierno de Aznar, y llevado a su punto de esplendor máximo bajo las directrices de los actuales líderes del Partido Popular, se ve remarcablemente reflejado en el intento de desmantelamiento del sistema científico. En el mismo periodo en el cual el gobierno español fue instruido para abortar todo intento de progreso en el área científico-técnico, países como Alemania y EEUU comenzaban una política de reforzamiento de sus sectores científicos proveyéndolos de mayores recursos, a pesar de estar transitando por crisis económicas similares.

Ejes para un Plan de Ordenación del Empleo (P.O.E.)

Hemos de procurar que la estancia de una persona en este servicio sea el menor tiempo posible. Lo cual, no presupone aceptar cualquier tipo de actividad laboral, debe reunir estos requisitos: Cubrir las necesidades básicas del ciudadano. Estar como mínimo a su nivel de capacitación profesional. Estar motivado para la realización de dicha actividad laboral

Este plan pretende que los recursos públicos existentes para la creación de empleo se optimicen al máximo. Descansando en tres pilares fundamentales: Seguimiento del ciudadano en paro, Formación y Búsqueda activa de Empleo.

1.- Cada ciudadan@ que se de de alta en este sistema deberá contar con una tarjeta informatizada. El ciudadan@ no causará baja del sistema mientras no obtenga un trabajo indefinido o como mínimo de un año.

2- El sistema asignará un asesor@ de empleo, con dos objetivos: Elaborar un perfil de actitudes cualificación profesional, estableciendo unas prioridades para la búsqueda de empleo. Y hacer un seguimiento.

PROCEDIMIENTO

Fase de ingreso. Al causar alta en este servicio se activa su alta y se informatiza toda la información (historia laboral, nivel de formación…

Fase de análisis de actitudes y motivación. Con el fin de eliminar en lo posible aquellos obstáculos que impidan al desempleado ser orientado hacia un desarrollo pleno de sus capacidades laborales y mediante una adecuada formación o reciclaje…

Fase de asesoramiento. Puede decirse que esta es la primera fase activa del proceso en dos niveles:

– Nivel de capacitación. Y nivel de empleo. El asesor buscará ofertas y asignará búsqueda de ofertas y entrevistas laborales al desempleado.

Seguimiento. El asesor laboral realizará un seguimiento al CDL, obteniendo datos que irán incorporándose a su cartilla laboral informatizada.

^ Estudio elaborado por la Fundación SGAE y la Fundación Alternativas.